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La nueva regulación del canon del agua incluida dentro de la ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2012 no sólo suscita dudas sobre su constitucionalidad, sino que también podría tener un notable impacto sobre las ya muy deterioradas cuentas de la Agencia Catalana del Agua (ACA). Según los cálculos que se desprenden a partir de un informe jurídico encargado sobre el impacto de la regulación, la ACA podría verse obligada a hacer una regularización del IVA e ingresar a Hacienda una cantidad que oscilaría entre los 90 y 100 millones de euros.
Hasta ahora, el ACA es la que ha venido girando el IVA del canon del agua (aunque dicho canon se cobraba materialmente al consumidor a través de facturas emitidas por las suministradoras), lo que permitía a la agencia la deducción del impuesto soportado.
La nueva regulación, por contra, obligará a las suministradoras a girar el IVA con su propio NIF, lo que impedirá a la ACA realizar las deducciones. No sólo eso, se señala en el informe elaborado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Ramón Falcón y Tella, sino que deberá regularizar al alza las cuotas soportadas en los últimos cuatro años en el IVA de inversiones en bienes muebles, y de nueve en el caso de binenes inmuebles. Según los cálculos hechos por fuentes conocedoras del sector, dicha regularización rondaría los 100 millones de euros.
La ACA atraviesa por una situación crítica, con una deuda financiera reconocida por la propia Generalitat de 1.400 millones de euros, más otros 380 en concepto de convenios firmados.
