El PP catalán sella con CiU un pacto en el que impone la agenda de Rajoy
Ambas formaciones firman por escrito el acuerdo sobre las cuentas catalanas
MARÍA JESÚS CAÑIZARES
Un acuerdo de futuro que va más allá del ámbito presupuestario. Así describía ayer la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, el pacto alcanzado de la madrugada en el hotel Neri de Barcelona —inevitable rememorar aquel pacto del Majestic de 1996— entre esta formación y ... CiU, lo que permitirá al Gobierno de Artur Mas aprobar las cuentas de 2012. El propio Mas ya advertía el lunes de que no le haría ascos a este acuerdo con el PP, que los nacionalistas admiten a pesar de sus devaneos soberanistas, y que marcarán la agenda política de la Generalitat este año.
El compromiso político entre ambas partes ha quedado plasmado en un documento de diez puntos y una cláusula final que, según Sánchez-Camacho, está inspirado en el programa de Gobierno de Mariano Rajoy. Los principios rectores del acuerdo son la reactivación económica, la ayuda a las pymes, autónomos y emprendedores; el cumplimiento de la austeridad y de los objetivos de déficit, la transparencia en las empresas públicas, el impulso de políticas sociales, educativas y sanitarias y la rebaja en el impacto de la tributación fiscal.
El principal escollo de las negociaciones ha sido principalmente el compendio de tasas que el Ejecutivo autonómico ha introducido en la ley de medidas fiscales (de acompañamiento). Los populares han forzado la rebaja de estos gravámenes. Así, el llamado euro sanitario —pago de un euro por receta— no será exigible a enfermos crónicos con problemas económicos y el máximo anual a pagar no superará los 61 euros. El impacto de la tasa turística se ha reducido en un 90% y el 30% de la recaudación irá destinada a los ayuntamientos —un 50% en el caso de Barcelona—.
Polémico canon del agua
En cuanto al canon del agua, el más controvertido, el Gobierno catalán subirá un 3% el precio del consumo básico y un 12 el del consumo excesivo. Habrá una moratoria de 6 meses y las empresas distribuidoras no adelantarán el pago, sino que se descontará de la deuda que tiene con ellas la Agencia Catalana del Agua. La Generalitat dejará de recaudar unos 3 millones de euros tras esta negociación.
Estas tasas no podrán ser votadas hoy en el pleno del Parlamento catalán, pues Ciudadanos, ICV y Solidaritat per la Independència han pedido un informe de la ley de medidas fiscales al Consejo de Garantías Estatutarias —órgano que vela por el ajuste de las leyes catalanas a la Constitución y el Estatuto—, por lo que la aprobación se pospondrá un mes. El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, aseguró que esta demora costará una pérdida de 30 millones a las arcas públicas. La foto de Mas y Camacho que inmortalizará el acuerdo sí tendrá lugar hoy, al igual que la aprobación de la ley de Presupuestos.
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