El «acuerdo político» CiU-PP reduce el impacto del canon del agua en 3 millones

Los acuerdos presupuestarios suscritos entre CiU y PP contempla una reducción de tres millones de euros del impacto del canon del agua, principal escollo de las negociaciones, según ha explicado la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho.A diferencia de los presupuestos del año pasado, CiU y PP han suscrito un "acuerdo político" que va más allá de los presupuestos de 2012, ha asegurado la líder de los populares catalanes, que marcará la agenda del Govern.

El documento consta de 10 puntos y de una disposición adicional. Se basa en los objetivos de impulso reactivación económica, apoyo a los emprendores, lucha contra el paro y defensa del menor impacto tributario posible. Pero el punto más difícil hace referencia a la cuestión de las tasas, especialmente el canon del agua. El acuerdo observa una reducción del 25% de las previsiones de la ley aprobada por el Govern. Habrá una moratoria de 6 meses para evitar su aplicación inmediata. Las empresas distribuidoras no adelantarán el pago, sino que se descontará de la deuda con la Agencia Catalana del Agua. La Generalitat dejará de recaudar unos 3 millones de euros tras esta negociación del que serán beneficiarios los ayuntamientos.

En el ámbito judicial se han marcado un mínimo de 3.000 euros para exigir el pago de ese canon.

El tique sanitario se ha mejorado con la exención de determinados colectivos y a partir de la receta número 62. Asimismo, su entrada se ha aplazado tres meses. Los enfermos crónicos con dificultades económicas no deberán pagarlo. El PP ha logrado que se recupere un canon de actividad forestal. En la tasa turística, el límite de personas a las que se exigirá se ha fijado en dos. El impacto se ha reducido para garantizar la competividad en tiempos de crisis. Los ayuntamientos recaudarán un 30% de esa tasa y el de Barcelona, un 50%, destinados en todos los casos a infraestructuras turísticas. El mundo local y la mejora de su financiación están incluidos asimismo.

Según el acuerdo, se pretende facilitar la gestión de las pequeñas empresas, inculcar la emprendeduría en las escuelas. También contempla un marco más flexible y conciliador para crear empleo. Se incrementará de 32 millones a 57 millones el presupuesto destinado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) a las empresas.

La transparencia es otro de los ejes del acuerdo. Así, la Oficina Presupuestaria del Parlamento catalán controle las cuentas de la Generalitat. El PP reclama una ley que regule los presupuestos de todas las empresas públicas catalanas. En este sentido, insisten los populares en reducir el número de estas sociedades, aunque reconoce Camacho que ya se ha bajado el volumen de empresas en un 10% y un 20% el presupuesto destinado a las mismas. Se ha pactado también un límite de gasto, en el marco de los objetivos de estabilidad presupuestaria. La potenciación de las plantillas policiales y la reducción de subvenciones innecesarias también se contemplan en el documento.

Otro de los puntos alude al compromiso del Govern de poner en marcha de diferentes equipamientos sanitarios y educativos, especialmente la erradicación de los barracones. CiU y PP han consensuado asimismo apoyo salarial al colectivo de discapacitados. Además, la presidenta del PPC ha destacado el acuerdo para atender de forma individualizada a las víctimas del terrorismo.

La aprobación se retrasará un mes

Pese al acuerdo alcanzado entre CiU y PP, la aprobación de la ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2012 se retrasará un mes aproximadamente después de que 16 diputados del Parlament pertenecientes a los grupos de ICV-EUiA, Ciutadans (C's) y Solidaritat (SI) hayan pedido un dictamen al Consejo de Garantías. Solidaritat (SI) se ha sumado esta mañana a la petición de dictamen que en los últimos días ya habían anunciado ICV-EUiA y Ciutadans (C's), lo que impedirá que la Ley de Medidas Fiscales y Financieras, denominada también como ley de acompañamiento, pueda ser votada en el próximo pleno que empieza mañana.

Según ha indicado en una rueda de prensa el secretario general de SI, Uriel Bertran, su formación ha decidido llevar esta ley al Consejo de Garantías Estatutarias porque desde el punto de vista político "supone someterse al chantaje permanente del PP".