Derroche aeroportuario

EL caso «Campeón» lleva a José Blanco a enfrentarse a un horizonte judicial nublado en general, con episodios frecuentemente tormentosos y cierta tendencia a la más tenebrosa de las tempestades. Se trata en cualquier caso de una muestra más de la ligereza de un sistema legislativo que, en lo que se refiere a los cargos públicos, tiende a obviar lo trascendental en beneficio de lo superfluo.

Porque el ministro de Fomento del último Gobierno de Zapatero hizo mucho más que dejarse supuestamente sobornar por un empresario indecente. Por muy grave que sea el delito, que lo es, y mucho, tiene menor importancia que el indecente agujero negro en que ha dejado las arcas del departamento que controlaba con liberalidad suicida, para mayor gozo de los constructores amigos.El entonces también número dos del PSOE utilizó el Ministerio a su libre albedrío como instrumento de dominación de voluntades y quebranto de adversarios y, sobre todo, despilfarró los recursos públicos con el desenfreno irresponsable de quien se considera al margen y por encima de las normas que rigen al resto de los ciudadanos.

No es menor el episodio de los aeropuertos gallegos. Con aires de cacique decimonónico, José Blanco utilizó los impuestos de todos —entre ellos los de muchos ciudadanos que ahora se ven condenados al paro— para realizar faraónicas remodelaciones en los tres que se superponen para el servicio a una Comunidad condenada a multiplicar sus recursos por tres para satisfacer los egos localistas de algunos.

Es extremadamente discutible que los viajeros que utilizan el aeropuerto central de Santiago necesitaran de una inversión de unos 200 millones de euros para construir una nueva y gigantesca terminal, escenario hueco en el que se diluyen los escasos miles de pasajeros que utilizan diariamente sus instalaciones. Se trata nada menos que de 400.000 metros cuadrados, con cinco plantas para vehículos, de las que apenas se da llenado una.

Pero no es el ejemplo más gravoso. Los aeropuertos complementarios de Alvedro (La Coruña) y Peinador (Vigo) han requerido otros 200 millones de inversión en plazas vacías de aparcamiento cuya única utilidad aparente es la satisfacción de los egos de algunos administradores sin escrúpulos. Ese derroche de recursos sí debiera centrar el interés legislativo para penalizar tan inadecuados comportamientos y atraer la curiosidad de la fiscalía anticorrupción, cuando sus nobles representantes dejen de buscar las facturas de los trajes de Francisco Camps.