El canon del agua del Govern podría ser inconstitucional

Una de las medidas propuestas por CiU para los presupuestos de 2012 es cobrar el canon del agua a las empresas suministradoras, lo cual podría ser inconstitucional, según el informe de un catedrático de Derecho Financiero y Tributario.

Paguen o no los usuarios finales del agua su factura, el proyecto del Govern contempla que las distribuidoras se hagan cargo de liquidar el gravamen, sin compensación o resarcimiento por las cantidades que no cobren. Hasta ahora, la Agencia Catalana del Agua se hacía cargo de exigir los impagos. Mañana se votará en el pleno del Parlament la aprobación de esta modificación al canon.

Pero el informe del catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Ramón Falcón y Tella , al que ha tenido acceso ABC, defiende que la modificación plantea serias dudas de constitucionalidad. El informe explica que de acuerdo al artículo 31.1 de la Constitución, no se puede configurar como contribuyente a alguien que no es titular de la capacidad contributiva que se quiere gravar. Es decir, no es legal cobrarle a alguien el gravamen de un servicio que recibe otro.

El catedrático afirma que hay casos aislados de sustitutos que se convierten en «pagadores». Sin embargo, sostiene, siempre se trata de personas que asumen voluntariamente la posición que los convierte en sustitutos, y pueden abandonarla en cualquier momento. En el caso de las empresas suministradoras, continua el informe, no pueden retener ni cobrar por anticipado ni exigir una garantía, pues el agua se cobra una vez prestado el servicio. Y aunque las empresas pueden cortar el suministro después de varias facturas impagadas, éstas solo pueden cobrarse por la vía civil, con el consiguiente coste y retraso. Quienes se oponen a la modificación del canon propuesta por CiU, aseguran que las empresas suministradoras seguramente amortizarán las pérdidas por los impagos a través de una subida en las tarifas del agua. De ser así, al final, los usuarios que sí cumplen, serían los que terminarían pagando las tasas de los morosos. El informe, encargado por dos empresas distribuidoras, ha sido enviado a todos los grupos parlamentarios.