La reforma limita el papel sindical y permite a la empresa saltarse el convenio

Con estas medidas de flexibilidad una empresa en crisis podrá mantener a su trabajador, pero si decide prescindir de él, la e xtinción de su contrato también será más fácil y barata , dado que la reforma laboral aclara y objetiva la causa económica del despido procedente con 20 días de indemnización y un tope de un año, una fórmula hasta ahora poco utilizada debido a una redacción farragosa que dejaba en manos del juez la decisión última, lo que provocaba procesos largos y costosos y casi siempre favorables al trabajador.

A partir de ahora si el despido del trabajador es improcedente y tiene un contrato ordinario de 45 días, ya desaparecido de la legislación, la extinción también le saldrá más barata al empresario. Este trabajador mantendrá sus 45 días de indemnización hasta 2011, con un máximo de 42 mensualidades, y de 33 días por año con un máximo de 24 meses a partir de la entrada en vigor de la reforma.

Según la nueva norma laboral ya en vigor desde ayer, la dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando «existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción», las que están relacionadas con la jornada de trabajo, el horario y distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo y turnos, el sistema de trabajo y rendimiento, movilidad funcional y el sistema de remuneración y la cuantía salarial. La posibilidad de reducir los salarios es una vía que ahora abre el Ejecutivo de Mariano Rajoy, un cambio que responde a las peticiones de una devaluación competitiva de salarios que en agosto realizó por carta el entonces presidente del BCE, Jean Claude Trichet, a Zapatero.

La reforma laboral acota también los plazos para notificar las modificaciones en sus relaciones laborales al trabajador y sus representantes sindicales. De 30 días se pasa ahora 15. Será mera información a los representantes de los trabajadores cuando los cambios sean individuales y se abrirá un periodo de consultas cuando las decisiones afecten a más del 10% de la plantilla, como ya ocurría en la normativa anterior.

Los poderes empresariales aumentan extraordinariamente con esta reforma, con la misma intensidad con la que se reduce el que tienen los sindicatos. El empresario podrá manejar los tiempos en la empresa a partir de ahora si su negocio está en crisis y cuando expire un convenio sólo habrá dos años máximo para que decaiga, no como ahora, cuy prórroga es prácticamente indefinida. Un «arma» que ha sido utilizada por los comités de empresa para en algún caso presionar en las negociaciones y mantener en vigor un convenio caducado desde hace años. La normativa puntualiza que pasado ese plazo de 24 meses si no se ha producido un acuerdo «las partes irán a la solución extrajudicial de conflictos y, en su caso, al arbitraje».

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se reunirá hoy con empresarios y sindicatos para presentarles con «todo detalle» los pormenores de la reforma aprobada por el Gobierno. Primero lo hará con los secretarios generales de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, y luego con los presidentes de las patronales CEOE, Juan Rosell, y Cepyme, Jesús Terciado. En un tercer encuentro recibirá a las principales organizaciones de autónomos, para los que la reforma da un respaldo notorio en bonificaciones y ayudas a la contratración.

«Juntos tenemos que superar esta crisis y estamos dispuestos a mejorar el texto con sus aportaciones en la tramitación parlamentaria». Así lo aseguró la titular de Empleo y Seguridad Social en la entrevista que en exclusiva concedió a ABC.