Los militares se aferran al poder un año después de la caída de Mubarak

Hace un año que el presidente Hosni Mubarak fue apartado del poder por la revolución popular que pretendía poner fin a la autocracia. Egipto camina desde entonces por la pedregosa senda de una democracia todavía muy incierta. Incierta, sobre todo porque Mubarak está siendo juzgado en una camilla acusado de asesinar a civiles en las manifestaciones, pero su régimen no puede darse por finiquitado. No, al menos, hasta que el aparato militar que lo arropaba suelte las riendas del poder.

El país de los faraones se encuentra un año después de las revueltas dividido. Los islamistas se han alzado con la victoria en las elecciones parlamentarias y los jóvenes opositores que tomaron la calle arriesgando sus vidas, y muchos de ellos entregándola, son vistos ahora por los barbudos no como los artífices de la gesta revolucionaria sino como un peligroso contrapeso laico. Los Hermanos Musulmanes llevan casi un siglo luchando por el poder en Egipto y no será fácil que desaprovechen las oportunidadesque le dan la defenestración de Mubarak y su primera victoria en las urnas.

Los opositores convocaron ayer, jornada del aniversario, una huelga general que quedó lejos de los grandes días de protestas de la plaza Tahrir, aquella olla a presión que acabó con tres décadas de dictadura. Nada en la caótica capital egipcia hacía ver que se encontraba bajo una huelga. El fin de la era Mubarak no ha supuesto nada nuevo para la vida de millones de cairotas que cada mañana han lidiar con la pobreza.

Promesas incumplidas

Las iras de los manifestantes que echaron de la poltrona al rais tiene un año después como principal objetivo el doblegar al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Miles de personas se echaron el viernes a la calle para exigir que los militares no sigan actuando a su antojo y dejen el poder en manos de los civiles. Los principales dardos tenían como diana al mariscal Husein Tantaui, jefe de esa junta militar. «Quieren continuar con el legado de Mubarak», dijo la activista Sara Kamel a la agencia Reuters.