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Cuando no habían trasnscurrido dos días de la condena del Tribunal Supremo por las escuchas de «Gürtel», el juez Baltasar Garzón hacía las maletas y embarcaba, al mediodía de ayer, hacia tierras colombianas, donde ha estado residiendo durante el último año y donde tiene previsto comunicar su renuncia a su cargo de asesor en la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia. En realidad, Garzón no trabaja para el gobierno colombiano, sino para la Organización de Estados Americanos (OEA), que fue la que le contrató para esta misión que la organización mantiene desde 2004. Coincidiendo con este «fichaje», el Gobierno español se comprometió a contribuir con un millón de euros anuales (durante tres años) al programa que desarrolla la OEA en el país iberoamericano.
No está claro que los once años de inhabilitación que le ha impuesto la Sala Penal del Supremo afecten a la tarea que tenía encomendada, y que compaginaba con el asesoramiento al gobierno ecuatoriano en la reforma judicial que se está llevando a cabo en ese país. Según la sentencia del Supremo lo que no puede hacer es ejercer como juez o magistrado y desempeñar «cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo». Parece que no es el caso, pero, según fuentes consultadas por ABC, el magistrado ya no se siente legitimado para este cometido, que se le ha confiado precisamente por lo que era y ahora ya no es.
De hecho, y una vez conocida la sentencia del Alto Tribunal, ya hay quien no oculta allí que su presencia resulta incómoda. El procurador general colombiano, Alejandro Ordóñez, advirtió el viernes de que Garzón no podrá ser asesor de ninguna autoridad en Colombia. «Yo lo dije, es un chuzador (pinchador), que chuzaba (pinchaba) nada más y nada menos que a abogados. Eso ya no es una hipótesis, lo dice el Estado español», señaló Ordóñez. Y añadió que Colombia no puede aceptar al juez «ni como asesor ni como interlocutor válido», pues «sería un escándalo».
Presiones al Supremo
Entretanto, ayer continuaba la capaña de descrédito a los magistrados del Supremo y de apoyo a Garzón. De nuevo fue la Plataforma Solidarios con Garzón la que convocó un acto en el que varios abogados, encabezados por la exdiputada Cristina Almeida, calificaron de «cacería» los procesos abiertos contra el exjuez. Por ello, no han dudado en convocar una manifestación hoy a las doce de la mañana a las puertas del Tribunal Supremo.
