La CEG rechaza que se ponga en cuestión su utilidad

La Confederación de Empresarios de Galicia rechazó ayer de plano el debate sobre las percepciones que la patronal recibe del erario público, después de que desde ambos lados del espectro político portavoces de PP y PSOE cuestionasen las últimas propuestas de su presidente, Antonio Fontenla, a la administración. Entre ellas se encontraban eliminar las diputaciones provinciales o tener mayor participación en servicios que prestan entes públicos a los ciudadanos.

Desde la CEG, que el pasado año percibió de la Xunta un total de 800.000 euros por su participación en la mesa del diálogo social, no sentaron bien las críticas desde el ámbito político a las ayudas públicas que percibe la patronal gallega. Así, sus responsables se mostraron dispuestos a exponer al titular de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán —que un día antes había rechazado las acusaciones de mala gestión de Fontenla— «la labor fundamental que ocupan las organizaciones empresariales en el desarrollo del tejido productivo». Esta labor fue reconocida durante la etapa del bipartito en la Ley 17/2008, que regula la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Galicia, y garantiza financiación pública autonómica a organizaciones de empresarios y trabajadores. Las ayudas de la Xunta a la patronal han llegado a ser polémicas en el pasado, como ocurría con motivo de un desfase económico de mil millones de las antiguas pesetas en el año 2000, que provocó la salida de la organización de Antonio Ramilo, entonces presidente de la confederación. La Xunta inyectó entre 1996 y el 2000 más de 3.200 millones en fondos públicos de diferente tipo a la patronal.

También esgrimieron ayer desde la CEG que «la mayoría de las democracias desarrolladas cuenta con organizaciones empresariales y sindicales, no siendo el caso de las diputaciones provinciales».

La organización que preside Fontenla tildó de «inmoderada» la reacción del titular de la corporación pontevedresa y negó que hubiese ligado la actividad de las diputaciones a casos de corrupción y escándalos en toda España. También defendió que sus propuestas fueron consensuadas con todo el sector empresarial. Además, defendió la CEG que el papel de los organismos provinciales es un debate «abierto desde hace tiempo en la sociedad española, no siendo exclusivo, por tanto, de la organización empresarial gallega».

Precisamente por su propuesta de integración de corporaciones en la Xunta, Louzán había pedido a Fontenla que «se aplique su máxima y pida también eliminar el apoyo económico que la patronal recibe de las administraciones». Desde el PSOE, el secretario de Organización Pablo García reprochaba también a Fontenla su «demagogia fácil».