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El Grupo Parlamentario Popular pedirá a la Xunta en el Parlamento a través de una proposición no de ley la puesta en marcha de forma «progresiva» de un nuevo sistema de Formación Profesional (FP) en el que se combine el estudio y el trabajo.
De esta forma, el portavoz de Educación de la formación mayoritaria en la cámara gallega, Román Rodríguez, abogó por una FP de índole dual, coparticipada entre empresas y administración educativa, en lo que considera una medida «imprescindible» para el acceso al mercado laboral a través de la formación. Así, los populares apuntan que este modelo se lleva a cabo con éxito en países como Alemania, e implica una mayor proximidad entre la administración educativa y los sectores productivos. Reconocía el portavoz educativo, al mismo tiempo, que el desarrollo de este nuevo modelo «no puede hacerse de una hora para otra», de ahí su defensa de una implantación «de forma progresiva».
Por su parte, el portavoz de Empleo del grupo socialista, Miguel Ángel Fernández, consideró un «ataque directo» a los trabajadores la recién aprobada reforma laboral, que en su parecer «asume las tesis de la parte más reaccionaria del empresariado». El responsable de empleo anticipó «graves consecuencias» e «infinidad de conflictos» a raíz de la misma. También que sumirá a los trabajadores en una desprotección total frente a los empleadores: «No solo desregula las relaciones laborales, sino que las priva de la tutela judicial efectiva», comentaba.
Fernández advirtió de que primar los convenios particulares sobre los sectoriales generará «competencia desleal» entre las empresas, que competirán precarizando las condiciones de sus trabajadores; y negó que va a existir mayor estabilidad laboral. «El Gobierno de Rajoy dice promover la estabilidad en el empleo y la única medida nueva que pone encima de la mesa es que hasta los treinta años se podrán tener contratos de formación, suprimiendo la regulación anterior», recalcaba.
Sobre el precio del despido, consideró que se ha abaratado «hasta extremo impensables». Por último, el portavoz socialista consideró «gravísimo» que se eliminen «la intervención judicial previa e incluso la autorización administrativa en los expedientes de regulación».




