Ahorro por anexión

EN la naturaleza humana y en la condición política no existe el mal absoluto. El mal absoluto es un concepto meramente religioso, que la antigua catequética cristiana se atrevió a definir mediante una apelación categórica: «el conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno». Así acota el Infierno el aleccionador cuadernillo de Gaspar Astete, aquel jesuita gracias al cual los españoles del siglo XX nos incorporamos al catolicismo del siglo XVI.

Por mucho que digan los memoriosos desmemoriados, la dictadura franquista no fue un Infierno astetista, de ahí que se puedan computar en ella algunas virtudes; pocas, es cierto, aunque quizá no menos que las que conciernen a otros regímenes empeñados en hacernos creer que son capaces de atravesar el cristal de la política sin romperlo ni mancharlo.

Algún periódico ha recordado estos días que entre los proyectos del franquismo para racionalizar gastos y optimizar recursos en la delirante España de 1960 estaba el de fusionar varios municipios. El proyecto, ideado por el equipo de López Rodó, a la sazón secretario general técnico de la Presidencia del Gobierno, afectaba a la provincia de Lugo, trece de cuyos ayuntamientos quedarían agregados a otros. Por desgracia, el plan no llegó a ejecutarse y lo que entonces era mal menor lo es ahora superlativo. Tanto, que los dos grandes partidos concuerdan en la necesidad de acometer, sin demora, una reforma que adapte la vieja división administrativa a la nueva realidad económica y demográfica.

El caso lucense viene a ser paradigmático para entender lo absurdo y ruinoso que resulta mantener posiciones políticas y administrativas caducadas hace tiempo. La población de los 67 municipios de la provincia de Lugo ronda los 350.000 habitantes, de los cuales unos cien mil viven en la capital. Sólo cinco concellos de la provincia superan escasamente los diez mil habitantes. La mayoría anda por los dos millares, y alguno, como Negueira de Muñiz, apenas sobrepasa los dos centenares. La lógica obligaría a agrupar municipios, para ahorrar así gastos, reducir funcionarios y compartir servicios. En algún ayuntamiento lugués, la mitad del presupuesto se va en los sueldos del secretario y el alguacil.

En el mapa municipal de Galicia, racionalizar es anexionar. ¿Pero cómo hablar de anexionar a unos alcaldiños incapaces de compartir un grupo escolar o un centro de salud? Cualquier persona con dos dedos de frente entiende que Riotorto y A Pontenova, Negueira de Muñiz y A Fonsagrada, Monterroso y Antas y Ulla, Bóveda y Monforte o Quiroga, Ribas de Sil, por ejemplo, están llamados a unirse en sensato entendimiento. Pero aceptar lo evidente es difícil cuando priman vanidades personales y arrogancias localistas. La prueba de que la sensatez cede ante al capricho palurdo la dio la propia Xunta hace poco años cuando cedió a presiones fragmentadoras. Cervo y Burela, verbigracia.