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El popular César Aja considera que el Ayuntamiento está indefenso ante las indemnizaciones y devoluciones que tendrá que afrontar el gobierno local por los múltiples casos judiciales abiertos o perdidos
Día 11/02/2012
El responsable del PP en Viveiro, César Aja, avisó ayer al alcalde de la localidad lucense, el socialista Melchor Roel, de que su formación no permitirá que las arcas locales costeen los 300 euros de la multa por el desacato de una sentencia, que podrían multiplicarse de no ejecutar la misma el titular de la corporación local. Aja avisó de que «no consentiremos que se mezclen los gastos judiciales con los devengados exclusivamente por su negativa a ejecutar las sentencias condenatorias».
Las declaraciones de Aja se producen después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Lugo ratificara en pasadas fechas el auto del pasado 22 de diciembre en el que se condenaba a Roel con una sanción de 300 euros. La causa, incumplir una sentencia de junio del 2011 por la que se obligaba al Ayuntamiento a indemnizar a una compañía de la localidad a la que adeudaba facturas por más de 66.000 euros.
La sentencia inicial, comunicada en el mes de junio a la alcaldía, daba la razón a la compañía López Pigueiras, que reclamó el pago de material de carpintería facilitado al Ayuntamiento entre los años 1997 y 2003. Descontadas las facturas prescritas, la suma que la corporación local debía afrontar se elevaba a 66.849,36 euros más intereses. Entonces, desde el gobierno de Roel no se formularon alegaciones. Ante la negativa a pagar, ahora el juez responsabiliza directamente al alcalde, al que multiplicará la pena si sigue resistiéndose.
Por este caso y otros, como el juicio que cuestiona las posibles responsabilidades penales del alcalde y su equipo por la concesión en el año 2006 de once licencias para casi 680 viviendas, Aja cuestionó la «osadía e impericia» de un regidor «que se pasa la vida denunciando y litigando con todo el mundo, eso sí, con dinero público».
Indemnizaciones
El portavoz del PP avisa de que a las costas judiciales habrá que sumar las indemnizaciones que «a buen seguro van a reclamar los perjudicados, junto a la devolución de importantes cantidades por licencias solicitadas, cobradas y no concedidas, o peor aún, ilegalmente concedidas».
