La CEG se sale del tiesto

SOLO los pasados esfuerzos sindicales para mejorar la situación de los trabajadores justifica la pervivencia actual de unas organizaciones obsoletas y caducas, más preocupadas por mantener los privilegios de sus nomenclaturas, esa casta de liberados, que de recuperar el talante que les hizo merecedores del reconocimiento colectivo a lo largo de su historia. Peor aún es la consideración que merecen algunas entidades empresariales, que ni siquiera pueden presumir de una aseada hoja de servicios comparable a las del espejo en que se miran.

El axioma cabe extenderlo a las subvenciones varias que reciben. En los sindicatos son de dudosa utilidad y escasa justificación en tiempos de crisis, aunque se sobreentienda que deben mantenerse de alguna manera en atención al papel de interlocución indispensable que pueden protagonizar. No cabe decir lo mismo de las cúpulas empresariales, que, de ser necesarias, cuestión más que dudosa en la actualidad en Galicia, deberían sustentarse exclusivamente con las cuotas de sus afiliados.

No han necesitado de la CEG para proyectarse ni Zara ni Pescanova, ambas paradigmas de las firmas más dinámicas que nutren el panorama económico de la Comunidad. Ni ellas, ni la mayor parte de las grandes y pequeñas empresas que sobreviven en situación más o menos angustiosa a una crisis galopante se han visto nunca impulsadas —salvo las excepciones de rigor que confirman la regla— por las dudosas gestiones de una cúpula empresarial endogámica e incapaz de funcionar si no es a golpe de subvención.

La inoperante organización que dirige Antonio Fontenla, una vez recogidos los últimos talones percibidos de la Xunta y restantes administraciones, se ha despachado con un informe en el que se postula por la desaparición de las diputaciones provinciales, con la excusa de salir de una crisis en la que algunos de sus más señeros representantes tienen alguna responsabilidad como promotores inmobiliarios y constructores de cabecera. Ahora intentan hacerse perdonar errores pasados alineándose con la izquierda revanchista que plantea la eliminación de esas corporaciones, una vez que ha sido desalojada de su administración por los ciudadanos.

Mala estrategia, en la medida en que obliga a recordar que pocas lecciones debe dar sobre desarrollo institucional una organización que sin el millonario respaldo de las Administraciones estaría en quiebra, que se financió durante años con cargo a unos supuestos cursos de formación, y cuyos máximos dirigentes apoyaron con ciega determinación las actuaciones irresponsables del anterior presidente de la CEOE, un gestor incapaz que llevó al paro a miles de familias, antes de vivir una dorada quiebra.

Con semejantes antecedentes, haría bien Antonio Fontenla en obviar afanes de protagonismo indebidos para centrarse en revisar la situación de la institución que dirige y garantizar el buen uso de las discutibles subvenciones que anualmente percibe, aunque solo sea para evitar que la sociedad siga contemplando a la CEG como una organización parasitaria.