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Día 11/02/2012
El secretario general del PSOE y líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, se encontrará el próximo miércoles en el Palacio de La Moncloa con el rechazo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a su intención de incluir un límite del 0,4% del déficit en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Será el primer escollo importante con el que se inicia la relación entre ambos dirigentes políticos, después de que Pérez Rubalcaba fuera elegido secretario general de los socialistas.
Este asunto, que tensará las relaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, será uno de los temas que se abordarán en la primera reunión que mantendrán Rajoy y Rubalcaba la semana que viene.
La advertencia de este «no» de Rajoy a Rubalcaba la lanzó ayer la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. El argumento que justifica este rechazo es que cuando se acordó la reforma constitucional se estableció que los límites de déficit serían «los que marcara una ley orgánica de acuerdo con la normativa comunitaria».
A día de hoy, el pacto fiscal de la Unión Europea establece que el límite de déficit será en el medio plazo del 0%. Por ello, Sáenz de Santamaría recordó que el Gobierno está «costreñido por propio imperativo constitucional a respetar esos límites de déficit y endeudamiento que vienen marcado por la normativa comunitaria. En ese marco nos movemos y nos tenemos que mover en la negociación y en la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad».
Otros asuntos «claves» El Gobierno también se escuda es que cuando PP y PSOE debatieron la reforma, ambos estuvieron de acuerdo en no incluir ningún porcentaje en la Constitución, aplicando un «criterio de flexibilidad». Este criterio fue defendido por Pérez Rubalcaba.
Aunque esta discrepancia centrará buena parte del almuerzo que mantendrán ambos dirigentes, la agenda también incluye otros asuntos «claves para esta legislatura» como son las reformas estructurales y las renovaciones del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y el consejo de RTVE. El Gobierno espera alcanzar un «acuerdo ágil».
