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La Guardia Civil ha detenido en la Ribera del Duero a tres portugueses, miembros de la misma familia, implicados en una trama de explotación de trabajadores en condiciones infrahumanas a los que, además, incitaban a cometer robos.
Las detenciones son fruto de la denominada «Operación Escudo», que ha sacado a la luz esta trama por la que los tres detenidos reclutaban entre las clases más bajas de Portugal y el Magreb a temporeros que llevaban bajo engaños a la Ribera del Duero donde les quitaban la documentación y les obligaban bajo amenazas y malos tratos a trabajar sin remuneración.
La investigación comenzó a finales del pasado mes de octubre, tras una denuncia interpuesta por malos tratos bajo sospecha de explotación de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores.
El sargento Carlos Lacalle explicó ayer que, según las investigaciones realizadas, estos hechos llevaban ocurriendo varios años y en temporada alta, los detenidos podían llegar a tener hasta 20 personas trabajando para ellos y viviendo en condiciones «infrahumanas de semiesclavitud» confinados en una vivienda rural.
Además, cuando el trabajo en el campo escaseaba, el clan familiar que ha sido detenido inducía a los temporeros «de más confianza» a robar en explotaciones agrícolas y ganaderas, hechos por los que han sido detenidos otros tres portugueses.
Durante tres años
Los hechos investigados se han estado produciendo durante al menos tres años, tiempo en el que podrían haber sufrido esta situación medio centenar de personas y cometido un centenar de robos en las provincias de Burgos, Valladolid y Segovia.
En la vivienda de los detenidos se han encontrado varias armas y gran cantidad de objetos sobre los que los detenidos no pudieron acreditar su legítima pertenencia ni justificar mediante facturas su adquisición. Entre otras cosas, se encontraron aperos, herramientas, material agrícola y un depósito oculto con 1.500 litros de combustible que también habría sido sustraído ya que las gestiones practicadas demostraron que nunca repostaban a pesar de poseer 12 vehículos.
El subdelegado del Gobierno en Burgos, José María Arribas Andrés, señaló que la importancia de la operación no radica en la cantidad y valor de los objetos recuperados sino en eliminar una situación de explotación y maltrato de personas y solucionar la inseguridad provocada en la zona por los continuos robos que habían sido denunciados incluso por las organizaciones agrarias.
