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Asume la investigación para aclarar si Guerrero desvió dinero para pagar droga y copas
Día 11/02/2012
Del auto firmado ayer por la juez instructora del «caso ERE», Mercedes Alaya, se desprende que no se fía demasiado de la investigación realizada por la Junta de Andalucía sobre la trama del llamado «fondo de reptiles» que financiaba las actividades irregulares. De esta forma, ordena «una prueba pericial contable» a cargo de la Intervención General del Estado sobre el estado de la contabilidad en lo relativo a las transferencias de financiación realizadas por la agencia pública IDEA, a través de las cuales la Junta repartió las ayudas que están siendo investigadas.
Y, para ello, Alaya designa a dos interventores del Estado para que se encarguen de examinar las actas de IDEA. Pero no acaba ahí la petición al Gobierno central para que le ayude en su voluminosa y compleja investigación. La magistrada también solicita el auxilio judicial de la Agencia Tributaria, una petición que ya fue hecha en su escrito por el Ministerio Público para que se designase un equipo de técnicos que facilitara el avance de las investigaciones de la Policía Judicial. Alaya también accede a otra petición fundamental del fiscal: que se investiguen las ayudas que fueron denegadas por la Consejería de Empleo desde el año 2001 a 2011.
Por otra parte, la juez asume el caso abierto por la declaración de Juan Francisco Trujillo, el que fuera chófer del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, en la que aseguraba que se había desviado dinero del «fondo de reptiles» para comprar cocaína. Alaya indagará sobre las subvenciones de 900.000 euros que recibió el chófer y que, según reveló a la Guardia Civil, se gastaron parcialmente en «cocaína, fiestas y copas», asi como relojes, ropa, música, antigüedades y un piano de cola.
