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A la primera oportunidad que tuvo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, matizó sus declaraciones de anteayer en las que apoyaba, de manera personal, la institución del matrimonio homosexual. Ayer dejó a un lado sus opiniones personales y en el Pleno del Congreso subrayó que, como ministro, su posición es la que decida el Tribunal Constitucional: «Mi opinión es conocida desde hace muchos años. Yo soy ministro del Gobierno de España y, por lo tanto, defiendo la postura de mi partido, que es estar a lo que diga el Tribunal Constitucional, y esa es la opinión del ministro de Justicia».
Respecto a una posible retirada del recurso de inconstitucionalidad, Gallardón explicó que no es competencia del Gobierno, sino del Grupo Popular —que fue quien lo formalizó—, y no del actual precisamente, sino de uno anterior: «La doctrina del Tribunal Constitucional impide al grupo subsiguiente retirar uno que trae causa del anterior». La vicepresidenta Sáenz de Santamaría también había indicado que el recurso no es de este Ejecutivo, sino de más de cincuenta diputados que son titulares de esa iniciativa, «y ellos responderán lo que quieren hacer con ello».
Gallardón tuvo una pregunta más, de la diputada socialista Carmen Montón, muy enojada por la reforma de la ley del aborto que prepara el Gobierno. Ella fue una de las más firmes impulsoras de la ley de plazos socialista. Gallardón puso en práctica todos sus recursos dialécticos y políticos y defendió con vehemencia no sólo los derechos del no nacido, sino también los de las mujeres menores, discapacitadas e inmigrantes que quieren dar a luz. El PP, en este caso, le aplaudió a rabiar.




