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María M. N. S. se confiesa «muy coqueta» y esa razón la llevó en 2001, mucho antes de que los implantes PIP se prohibieran en Europa, a aumentarse el busto hasta una talla 100. «Había tenido mellizos y cuando di a luz me bajó mucho el pecho, se me quedó muy fláccido. Y, como no tenía pensado tener más niños, me lo quise arreglar», recuerda esta madrileña de 45 años once años después de una intervención que no salió como pensaba. «Quedó un pecho más alto que otro, uno más grande que otro, y las areolas también estaban mal puestas», explica, por lo que a los seis meses tuvo que volver a operarse. Pero lo peor llegó a los seis años y medio, cuando se descubrió que la prótesis del pecho derecho estaba rota, mientras que la del izquierdo se había dado la vuelta. Le dijeron que no podía esperar a operarse porque «podía haber una necrosis» y estaba su vida en ello, asegura. Cuando sacaron el implante roto, «tenía la glándula mamaria deshecha. Me habían dicho que eran unas prótesis para toda la vida», rememora.
Acudió a los tribunales de la mano de un abogado de la asociación Defensor del Paciente y ahora un juzgado de primera instancia de Madrid le ha dado la razón, pero solo en parte. Condena al cirujano D. D. T. L. y a la clínica donde se practicó la operación a indemnizarla con 7.455 euros por falta de un adecuado y suficiente consentimiento informado. Según el juzgado, «en la cirugía estética ha de darse una información exhaustiva de los riesgos existentes y de los posibles fracasos» y, entre los riesgos, «ha de informarse de todos, incluso de los infrecuentes o poco probables».
En cambio, la sentencia no considera acreditado que la rotura de la prótesis fuera causada por una mala praxis, dada la «contradicción absoluta» entre dos informes periciales, uno que achacaba el problema a «mala pericia» y otro a «la deficiencia de los implantes, puesto de manifiesto en fecha reciente». La demandante reclamaba un total de 38.595,81 euros.
Respuesta de la clínica
La Clínica Menorca, donde se practicó la intervención, subrayó ayer que, según la sentencia, la responsabilidad de la rotura no es achacable al cirujano ni al centro y que desde hace más de diez años «realiza consentimientos informados exahustivos y específicos para cada tipo de tratamiento y cirugía». Todos los pacientes son informados «verbalmente por el cirujano durante la cita informativa, con hojas informativas y vídeos en la consulta y mediante un documento informativo escrito que se entrega el día del preoperatorio», indica.
La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, cree en cambio que la sentencia «marca un antes y un después» porque el que no quiera cambiar las prótesis sin coste alguno «se arriesgará a una denuncia». Flores asegura que otras 600 mujeres han contactado con la asociación por estos implantes.
