Italia prevé mandar a sus casas a más de 3.000 presos para vaciar las cárceles y ahorrar

«El nivel de civismo de un país se mide por el estado de sus cárceles», había declarado la nueva ministra de Justicia del gobierno Monti, Paola Severino. En Italia, las cárceles viven una situación dramática: En viejas habitaciones de 206 prisiones se hacinan casi 70.000 reclusos –entre ellos unos 150 españoles-, es decir, unos 25.000 más de su capacidad reglamentaria, que es de 45.000 puestos. Para evitar una situación que se hace cada día más explosiva el Gobierno ha decidido que puedan marcharse a sus casas, en arresto domiciliario, los presos a quien faltan por cumplir los 18 últimos meses de pena, cuando sus delitos no sean graves. El límite hasta ahora era de 12 meses. Además, los detenidos por delitos no graves, no serán llevados a la cárcel, sino que permanecerán en habitaciones de seguridad hasta el juicio.

Masificación «insoportable»

«Me encerraron en una pequeña celda donde había otros 7 internos. Había ratas que entraban y salían por la letrina. Nosotros, los internos y las ratas, permanecíamos allí encerrados 22 horas al día”; este es el testimonio de un recluso de la prisión de Sassari (Cerdeña) al diario «La Nuova Sardegna». En la cárcel de Rebibbia de Roma, donde hay una decena españoles, los presos se lamentan también de sus condiciones higiénicas y sanitarias, según nos comenta Daniela de Robert, miembro de la asociación «Voluntarios en cárcel»: «La comida es mala y escasa. Muchos reclusos , si tienen dinero, se compran dentro alimentos que cocinan en las celdas, con bombonas camping gas, en el mismo lugar donde hacen sus necesidades fisiológicas, con la falta de higiene y seguridad que eso representa».

No son casos aislados. En la prensa italiana aparecen a menudo noticias que siempre coinciden en la descripción del sistema carcelario de este país: «masificación insoportable, muertes por causas nada claras, alto número de suicidios, carencia de personal y desastrosa asistencia sanitaria, con cárceles muy anticuadas».

Desesperación entre los españoles

En este clima de «escándalo tras las rejas», como lo define «Il Corriere della Sera», viven unos 150 españoles (una minoría son mujeres). En su gran mayoría se encuentran detenidos bajo la acusación de tráfico de drogas. Buena parte de ellos son camioneros, otros fueron arrestados en el aeropuerto , y algunos de ellos llevaban la droga en sus coches. En su mayoría se declaran inocentes y confiesan que no eran conscientes de llevar droga entre las mercancías que suelen transportar en sus camiones o coches, porque no abren las cajas o paquetes que se les consignan. Los españoles detenidos suelen afirmar que, con la fuerte crisis que hay en el país, aceptan cualquier transporte, sin ser rigurosos en su control. Es el caso de un joven en paro detenido en Cerdeña con 14 kilogramos de haschís y marihuana en un pequeño turismo: Declaró a la policía que se le prometió un trabajo por llevar el coche a Cerdeña, sin saber que llevaba una buena partida de droga.

Algunos de los españoles detenidos confiesan que estarían dispuestos a hacer una admisión de culpa, con el fin de lograr cuanto antes una sentencia de condena y regresar a España, para estar cerca de sus familiares y evitar las malas condiciones de las cárceles italianas. En general, en las cartas que envían a sus familiares y en las conversaciones con sus abogados, los presos españoles hablan de «situación desesperante», «malvivo en una celda masificada», «nos morimos de frío en invierno, sin agua caliente, y de calor en verano», «la asistencia sanitaria es prácticamente inexistente». En concreto, un español de la cárcel romana de Rebibia se quejaba de haber visto al médico «una vez, tan solo dos minutos, después de haberlo solicitado durante dos meses».

En el pasado año, los suicidios fueron 70. Las muertes llegan con dramática periodicidad: dos, tres, cuatro al mes; 1.700 en 10 años; de ellas, un tercio por suicidio. Se trata de un escándalo que a veces conmueve a todo el país, como el caso de Stefano Cucchi (31 años), toxicodependiente, detenido en octubre 2009, conducido a la cárcel de Rebibbia de Roma y muerto una semana después en circunstancias todavía no claras. La familia permitió la publicación de unas terribles imágenes con claros signos de tortura (en el Código Penal italiano no existe el delito de torturas, y ante hechos tipificados como tales los responsables son condenados por lesiones o «abusos de oficio». El juicio por la muerte de Cucchi comenzó el pasado 25 de marzo, con 12 imputados (tres funcionarios de prisiones, seis médicos y 3 enfermeras).