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Pilar Llorente, titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla, acaba de desbaratar la línea de defensa del hijo de Manuel Chaves en el caso de las comisiones que cobraba a empresas privadas por conseguirles contratos con distintos organismos de la Junta y con las cajas andaluzas.
La magistrada, en un auto de fecha 26 de enero en el que archiva la denuncia que interpuso Iván Chaves por el supuesto robo de la documentación, ha enviado las diligencias al Juzgado Decano de la capital andaluza «por si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de denuncia falsa».
Los hechos se remontan a marzo de 2011. El periodista Melchor Miralles llamó a Iván Chaves y le comunicó que había tenido acceso a una serie de contratos que quería confirmar con él. Miralles insistió en repetidas ocasiones en que quería recabar su versión antes de la publicación de los reportajes. El hijo del ex presidente de la Junta de Andalucía declinó el ofrecimiento, se dirigió a la comisaría de Policía de Nervión e interpuso una denuncia.
Según el atestado policial, Iván Chaves, tras la segunda llamada del periodista, «busca entre los archivos de su empresa, comprobando la falta de la siguiente documentación», un listado de contratos firmados con sus socios y sus clientes, algunos de ellos «originales». El hijo del ex presidente de la Junta de Andalucía también denunció la «sustracción» de dos agendas, al tiempo que se pregunta cómo esta documentación «ha llegado a manos de Miralles», que declaró como imputado.
Invalidar la información
Desde entonces, la Policía Nacional ha practicado una serie de diligencias para aclarar el supuesto robo. Todas ellas han desembocado en que no hubo ninguna sustracción. De hecho, tanto la Fiscalía como el juzgado consideran que «puede tratarse de una denuncia falsa con la finalidad de invalidar la información publicada».
Los testimonios recabados por los investigadores de la Policía han demostrado que el hijo de Manuel Chaves conservaba todos sus documentos, ya que lo conseguido por el periodista era una copia digital de los mismos, que provenía de alguien que había tenido acceso a los contratos. Es más, el comisionista andaluz enumeró en su denuncia algunos contratos que no obraban en poder de los informadores. Los detalles que dio ante la Policía sirvieron para la publicación de nuevos reportajes sobre las actividades mercantiles de Iván Chaves.
En el auto de archivo provisional de la causa por robo, la magistrada Llorente concluye que en el informe policial se hace referencia a que los documentos «no habrían sido sustraídos», por lo que «procede remitir testimonio de todo lo actuado al Juzgado Decano para su reparto entre los juzgados de Instrucción de esta capital» porque, «ante los indicios puestos de relieve por la Policía, es necesaria la investigación (...) por si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de denuncia falsa», castigado con un máximo de dos años de prisón.
Presiones políticas
Al margen de cómo la documentación profesional del hijo de Manuel Chaves llegó a manos del periodista, un grupo de agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado de Sevilla se dispuso a investigar los negocios de Iván Chaves. Pero estas pesquisas se truncaron en noviembre del pasado año, cuando el jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, Antonio Jesús Figal, destituyó al jefe de esta unidad y lo cambió de destino en un ambiente de presiones políticas por investigar al hijo del entonces vicepresidente tercero del Gobierno.
Fuentes policiales aseguran a ABC que la situación fue muy «tensa» y que actualmente, tras el relevo de la práctica totalidad de los mandos policiales por el cambio de Gobierno, los investigadores policiales están «a la espera de instrucciones».
En abril de 2011 el Colectivo de Funcionarios Manos Limpias interpuso una denuncia contra Iván Chaves por un presunto delito de tráfico de influencias aportando los contratos publicados, pero el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla no la admitió a trámite.
