Más de 30 perros que participaban en una cacería, dos milanos reales, seis busardos ratoneros y un cuervo han muerto tras ingerir veneno en el municipio salmantino de Larrodrigo, han informado fuentes del proyecto Life+ Veneno.
Los hechos sucedieron el domingo 29 de enero, cuando una llamada al Teléfono SOS Veneno (900 713 182) alertó del envenenamiento de varios canes que participaban en una cacería, en la finca Gallegos de Crespes, propiedad de la Casa de Alba.
Miembros del proyecto Life+ Veneno avisaron a los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, que se personaron de inmediato en el lugar de los hechos y procedieron a la inspección del terreno y la recogida de los animales muertos.
Delito
Junto con los dueños de los perros afectados peinaron la zona y encontraron gran cantidad de cebos envenenados repartidos por toda la finca y varios cadáveres de especies protegidas, en concreto dos milanos reales, seis busardos ratoneros y un cuervo.
Asimismo, voluntarios contra el Veneno de las provincias de Salamanca, Valladolid, Ávila y Segovia han sido movilizados para apoyar las actuaciones de las autoridades competentes y recabar información complementaria que pudiera ser útil para la investigación.
El uso de cebos envenenados es un «método masivo, no selectivo y cruento» de eliminar depredadores, que está prohibido por la legislación nacional y autonómica y aparece tipificado como delito en el Código Penal (Art. 336). El veneno en el campo supone un riesgo para la salud pública, para el medio ambiente y para las mascotas.
Presupuesto millonario
El proyecto Life+ Veneno tiene como objetivo lograr una disminución significativa del uso de veneno en España. Cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros, de los cuales la Comisión Europea cofinancia el 40% y se desarrolla entre 2010 y 2014.
SEO/BirdLife, el Fondo para la Conservación del Buitre Negro y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha son los beneficiarios del proyecto. Los cofinanciadores son el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad, el Cabildo de Fuerteventura, la Junta de Andalucía y el Gobierno de Cantabria.
