Estatolatría

EL cese de su actividad por parte de la compañía aérea Spanair nos ha brindado una nueva oportunidad para observar el grado de estatolatría entre nuestros paisanos, ya sean periodistas o políticos (no siempre es posible diferenciar a unos de otros). Veamos tres casos.

Oído en una emisora de radio: «Parece mentira que esto pueda suceder en una democracia». Aunque pudiera parecer que proviene de alguien indignado porque los políticos también gestionen en nuestro país compañías aéreas deficitarias, la queja se basaba en que no podía suspender su operativa Spanair sin avisar previamente. El hecho de la titularidad pública o que ya apenas consiguiesen recursos para suministrar combustible a las aeronaves era pasado por alto en tan sesudo análisis.

Escrito en un periódico local: «¿Para qué sirve el tribunal de defensa de la competencia si no es para evitar la estafa que se produce al elevarse los precios de los billetes que unen Canarias con la Península?». Ignora quien eso firma todo lo que sabemos sobre cómo se conforman los precios y la importancia que tiene la escasez a la hora de atribuir el valor de las cosas. Admitamos que la primera consecuencia del cierre de Spanair ha sido que hay una menor cantidad de butacas disponibles, por lo que la oferta se reduce y el precio tiende a elevarse. Pero toda la información está en el precio, por lo que resulta muy útil para nuevos operadores a la hora de decidir venir a las Islas a operar, introduciendo más competencia y ofreciendo mejores precios y condiciones, con la única condición de que siga siendo un mercado liberalizado y no se cumpla lo que ha pedido Paulino Rivero (llegamos al tercer caso) al Gobierno de España: que se declaren las líneas Canarias-Península de interés público, lo que en la práctica blindaría a los actuales operadores de cara a futura competencia, decidiendo el órgano competente qué aviones han de operar, el número de frecuencias y hasta el precio a pagar. Un dislate, porque sería una solución política a un problema que han causado los políticos con su negligente gestión de la compañía catalana, que debería ser el final de las ensoñaciones aéreas de estos manirrotos que gobiernan los diferentes cotos autonómicos

Con este grado de llamamiento a la intervención pública, no resulta extraño que nadie reparase en que el Cabildo de Tenerife invitara hace unos años a una serie de empresarios locales (el criterio usado para ello nunca fue de dominio público) a reunirse en el Palacio Insular con los directivos de la ahora quebrada Spanair para que pudiesen participar accionarialmente en la empresa que ya era de mayoría catalana y pública. No se llegó a un acuerdo porque no garantizaban vuelos directos con los mercados donde están nuestros turistas (los catalanes pretendían convertir El Prat en su «hub»), pero demostró una vez más hasta dónde está dispuesto a llegar el Cabildo Insular a la hora de extender sus poderosos tentáculos empresariales, bien sea de forma directa, bien a través de empresarios de su más entera confianza. ¡La fiesta continúa!