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El Gobierno está decidido a vigilar muy de cerca el cumplimiento de los planes de recapitalización de las entidades que pidan dinero al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Lo hará, en algunos casos, desde dentro. Según la reforma financiera diseñada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, se mantiene la opción de que el FROB entre directamente en el capital de las entidades, comprando acciones, y por tanto, con derechos políticos en las mismas. Las entidades tendrán que presentar sus planes de saneamiento antes del 31 de marzo y aquellas que no incluyan planes de fusión y no puedan cumplir las exigencias podrán pedir esa ayuda directa del FROB.
Como ya ocurre ahora con las entidades que usaron el FROB 2, éste nombrará a las personas físicas que ostenten su representación y dispondrá de tantos votos en el órgano de administración como los que resulten de su porcentaje de participación en la entidad. Una vez dentro, el FROB impondrá su plan de saneamiento a la entidad. Y si es inviabl, la subastará.
En este caso, las entidades que decidan pujar por ella podrán beneficiarse de las mismas garantías que ofrecía hasta ahora el Banco de España: esquemas de protección de activos (EPA), como en la venta de CAM al Sabadell, y con cargo al FGD de la banca. En los casos de Novagalicia y CatalunyaCaixa, el Gobierno mantiene la prórroga de un año para que devuelvan las ayudas, plazo que finaliza en septiembre. Esa prórroga se puede ampliar a dos años, pero fuentes del entorno de De Guindos dan por seguro que no se les concederá porque la intención de Moncloa es que el FROB salga cuanto antes de ambas cajas, nacionalizadas en septiembre de 2011. Además, en futuras intervenciones no habrá ningún tipo de prórroga, según esas fuentes.
La segunda vía (la «suave», según Economía) retoma la idea del FROB 1. Las entidades que decidan fusionarse podrán recurrir al fondo sin que éste adquiera derechos políticos. El FROB comprará entonces bonos convertibles contingentes (los llamados «cocos») a estas entidades, capital que tendrán que devolver a un tipo de interés próximo al 8%, pero aún por fijar. Solo en caso de no recuperar esa inversión, el FROB convertiría esos bonos en acciones y pasaría a tener derechos sobre la entidad.
Los bancos y las cajas que decidan fusionarse tendrán doce meses de plazo desde la aprobación de su integración para cumplir las nuevas exigencias de saneamiento. Las que no se fusionen, tendrán que hacerlo antes del 31 de diciembre de 2012. El Gobierno permitirá que las entidades utilicen el excedente de provisiones genéricas y capital que ahora tienen y que, según ha podido saber este periódico, el Banco de España cifra en 7.500 millones. De esta cantidad, serían utilizables en torno a 6.000 millones, ya que debe guardar un pequeño colchón de capital como garantía. Este monto solo se podrá destinar a cubrir la nueva provisión genérica del 7% sobre los créditos inmobiliarios sanos, impuesta en la reforma.
