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Día 07/02/2012
Dos han sido las alternativas propuestas por la Xunta de Galicia al Ministerio de Industria para mantener la viabilidad de los parques eólicos en función de su eficiencia, lo que en la práctica garantiza todos los proyectos gallegos. Lo hace ante la suspensión «temporal y sin carácter retroactivo» de los incentivos económicos para nuevas plantas de energías renovables, que deja en la picota el desarrollo del concurso gallego por el que se asignaron 2.325 megavatios.
Así, la medida anunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado 27 de enero, y que se mantendrá hasta solucionar el «déficit tarifario», hizo saltar las alarmas en el sector, sobre todo en el seno de las adjudicatarias eólicas en Galicia; que habían estimado sus inversiones en función de las primas que ahora quedan anuladas.
No obstante, el clima de incertidumbre se tornaba ayer esperanzador toda vez que el ministro de Industria, José Manuel Soria, se comprometía a estudiar el mantenimiento de las ayudas públicas a las plantas más eficientes. Esto es: aquellas que cuenten con más de 2.500 horas de viento al año. En España, el promedio se sitúa en las 2.200, y todos los proyectos del eólico gallego superan las 2.600 horas, con algunos parques que llegan a alcanzar las 3.500.
A pesar de que el titular ministerial dejó claro que su objetivo es evitar que el déficit de tarifa recaiga en los consumidores, en la reunión que ayer mantuvo con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro homólogo, Javier Guerra, dejó la puerta abierta a estudiar la proposición gallega de beneficiar a los proyectos con mayor rendimiento.
La primera alternativa que plantea la Xunta es establecer un régimen específico para los parques con más de 2.500 horas—en Galicia, con 2.600 de media, todos los del concurso eólico las superan—, de forma que reciban el 70 por ciento de la prima los inscritos en 2012 y el 50% los de 2013. Como segunda opción, el Ejecutivo autonómico propone que los parques afectados por el real decreto que aprobó recientemente el Ejecutivo perciban el precio del mercado estimado hasta 2020, actualmente establecido entre 55 y 60 euros por megavatio. En este último caso, de cara a garantizar la financiación de las empresas, el Estado se limitaría a establecer mecanismos con que proteger a las empresas de fluctuaciones bruscas de los precios de mercado durante los veinte años de vida útil que suelen tener las explotaciones.
«Estamos de acuerdo con el Ministerio en que hay un problema muy grave que tiene que ver con el déficit de la tarifa que tenemos en el sistema y en que hay que desarrollar aquellas energías más eficientes. Nosotros con estas propuestas apoyamos al Ministerio al desarrollo de la eficiencia energética», explicó Guerra a la salida de la reunión que mantuvo con Soria y Feijóo.
Naval gallego
No fue el único tema tratado, también se abordó la situación del astillero vigués de Vulcano, actualmente en situación de concurso de acreedores. Hace unos días, la dirección del astillero de Teis mostró su confianza en que Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar), que es su principal acreedor —le corresponde el 51 por ciento de la deuda—, acepte el convenio propuesto por la empresa y que supone una quita del 80 por ciento, a pesar de que algunos astilleros representados ya han manifestado su rechazo al mismo. Este deseo del astillero ha sido también respaldado por la Xunta, quien propuso al Ministerio que acepte esa quita con una serie de condiciones de mejora de la gestión, de cambio de la propiedad y revisión del plan de negocio. «El ministro ha quedado en darnos una repuesta, si bien ha visto favorablemente nuestra propuesta y proactividad para tratar de resolver este tema», zanjó el conselleiro. Asimismo, Feijóo planteó a Soria la situación de Navantia y, en concreto, la necesidad de construir un dique flotante, cuestión sobre la que el representante estatal se mostró «especialmente sensible», aseveró Guerra.
