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La educación en España: Cambian las leyes, el fracaso persiste

La reforma de la enseñanza anunciada por el Gobierno supone un nuevo cambio en el marco legal que regula una de las asignaturas pendientes del país. La comunidad educativa se muestra dividida

Día 06/02/2012 - 07.37h
La educación en España: Cambian las leyes, el fracaso persiste
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Un profesor universitario se dirige a sus alumnos de posgrado en un aula de la Universidad Complutense de Madrid: «¿Conocen ustedes las categorías de Aristóteles?». Silencio en los pupitres. «No, claro», se responde a sí mismo el profesor, «ustedes son hijos de la Logse y eso ya no tiene remedio». La anécdota, real, ilustra una percepción arraigada en la sociedad española, el del constante e imparable deterioro del sistema educativo desde la implantación de aquella ley considerada por muchos nefasta. Luego llegarían otras, pero ninguna enmendó el desaguisado.

La reforma de la enseñanza secundaria y del bachillerato avanzada el pasado martes en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados por el nuevo ministro del ramo, José Ignacio Wert, supondrá un nuevo golpe de timón en el sistema educativo español, una nave de rumbo errático desde hace ya demasiado tiempo. Wert comprometió un año menos de Secundaria y uno más de bachillerato y Formación Profesional media, manteniendo la escolarización obligatoria en los 16 años.

La reforma comprometida será realidad tras la tramitación de una ley que se sumará a la sopa de siglas de las leyes educativas en la historia reciente de España: Logse, LOCE, LOE, Lopeg y un largo etcétera de normas que no ha conseguido paliar las elevadas cifras de abandono escolar ni mejorar los mediocres resultados de los estudiantes españoles cuando son evaluados por organismos internacionales como la OCDE. La publicación periódica del informe PISA se ha convertido en una recurrente cita con el bochorno nacional. Cada vez que cambia el color del Gobierno, cambia la política educativa, pero lo que perviven son las graves deficiencias del sistema.

La política impregna la vida de los colegios en España. Eso lo pagan los escolares y se percibe incluso en las posturas de las asociaciones de padres de uno y otro signo. Cuando se pregunta a la Confederación Católica de Padres de Familia (Concapa) y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), colectivos de diferente orientación, solo están de acuerdo en eso, en que la política enturbia la educación de sus hijos. Luis Carbonel, presidente de Concapa recuerda y aplaude el intento del antecesor de Wert, Ángel Gabilondo, por forjar un gran pacto de estado por la educación: «Gabilondo era un hombre bienintencionado, pero aquello era imposible por la divergencia que existe en España entre los diferentes agentes educativos». Jesús María Sánchez, presidente de Ceapa, coincide en que «es necesario un gran pacto entre los dos grandes partidos», porque, dice, mientras eso no llegue, «los que pagamos las consecuencias somos las familias», pero atribuye el fracaso de Gabilondo a «la cerrazón del PP».

Determinación de Wert

Quizá escarmentado por la experiencia de Gabilondo, Wert, aunque ha mostrado la obvia disposición a dialogar con los agentes educativos, se ha lanzado a la reordenación de la enseñanza sin empeñarse en un consenso que se revela imposible. Imbuido del que parece ser el espíritu general en el equipo de Rajoy, Wert cree que la educación necesita medidas «de urgencia». Luis Carandel coincide en que la situación es de «emergencia». Los cambios en la ESO y en el bachillerato, que deberían entrar en vigor a comienzo del curso 2013-2014, se inscribirán en una filosofía definida por el objetivo de «hacer más con menos», aserto bajo el que se inscriben toda una serie de actuaciones que el ministro ha ido desgranando en sus todavía escasas apariciones públicas. Y es que los buenos propósitos plasmados en las diferentes leyes educativas no ocultan que España se sitúa por debajo de la media de los países desarrollados en todos los parámetros medidos por el informe PISA, pese a la leve mejora registrada en el último emitido en 2009.

Entre las medidas anunciadas por el nuevo Gobierno destaca la elaboración de un Estatuto del Docente que recompense el esfuerzo del profesorado, promueva su formación continua y refuerce la figura del docente como autoridad pública, una medida en la línea de Ley de Autoridad del Profesor impulsada por Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y que apunta quizá al problema más endémico de la escuela españolas, el de la desmotivación reinante entre los maestros.

La efímera LOCE

Pero todo será en vano, apuntan los padres de uno y otro signo, si las reformas educativas se suceden sin solución de continuidad y ninguna de ellas cuaja y fructifica. En Ceapa, creen que la última Ley Orgánica de la Educación aprobada en 2006 por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero daba ya sus primeros brotes verdes: «El año pasado la OCDDE emitió un informe esperanzador que demostraba que España y Corea del Sur eran los países que más habían mejorado en abandono escolar». Por el contrario, en Concapa recuerdan que, salvo la efímera Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza, promovida en la segunda legislatura de José María Aznar en el Gobierno, toda la legislación en materia educativa en España ha sido obra de gobiernos socialistas. «Hemos vivido siempre bajo los dogmas educativos de la izquierda», señala Carandel, que recuerda como el culmen de la voracidad reformadora lo que pasó con la LOCE, que apenas tuvo vigencia por su rápida derogación.

Ahora llega un nuevo cambio de modelo. Lo que parece dictar el sentido común es la necesidad de dotar de estabilidad normativa al sistema educativo. Sea la que sea la ley que rija, la necesidad sigue siendo sustraer el ámbito académico a la controversia política e ideológica. ¿Será posible?

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