Contador, al final del suplicio

La doble moral del ciclismo, ese maravilloso gigante con pies de barro fulminado por su leyenda negra, se da la mano en el penúltimo ejercicio de hipocresía. Horas antes del gran veredicto, de la sentencia que puede machacar a su último emperador, la Unión Ciclista Internacional (UCI) propaga su manual de dos velocidades. Choca los cinco con Lance Armstrong ahora que un fiscal de California ha cerrado las pesquisas que se cernían como un pájaro de mal agüero sobre el perpetuo ganador del Tour. «Lo que sucedió en el pasado sucedió en el pasado. Preferimos mirar hacia el futuro», comenta el portavoz de la UCI Enrico Carpani. A la misma hora que el presunto garante de la integridad de los ciclistas acaricia el lomo de Armstrong, otro campeón, Alberto Contador, nativo de Pinto, expone su futuro en el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) ante la atenta mirada de su acusador, la UCI, el mismo ente que lo llevó ante un jurado en busca de un castigo ejemplarizante por cincuenta picogramos del dichoso clembuterol.

Contador sudó ayer en la Vuelta a Mallorca, su primera aparición en España en 2012, antes de coger un avión y poner rumbo a Madrid-Barajas. Hoy escuchará el veredicto rodeado de sus íntimos y del equipo de abogados de Gorka Villar, el hijo del presidente de la Federación de Fútbol que ha llevado el procedimiento ante el TAS. En su guarida no existe ningún feeling especial, ninguna señal que evoque un síntoma. «Nada de nada, ninguna impresión», cuentan en voz baja. «Atenderemos la sentencia y habrá luego alguna reacción, pero con total calma».

En la sede central, un chalé adosado en Pinto (Madrid) que habita Contador con su mujer —Macarena—, conocen el rastro de los antecedentes y estos no alientan optimismos inútiles. El TAS se ha especializado en los últimos tiempos en resolver litigios relacionadas con el ciclismo y en abonar las tesis de la Unión Ciclista Internacional y su presidente, el irlandés Pat McQuaid, que obtiene pingües beneficios para la organización que dirige a través de los procesos antidopaje y de las sanciones económicas a los corredores. Disertaciones que sirven salvo en el caso de Armstrong —buen amigo de McQuaid y, sobre todo, del ex presidente Verbruggen—. Entonces la UCI «mira al futuro y no al pasado».

El TAS no admitió el recurso de Rebellin, positivo por EPO de tercera generación, que perdió su plata en los Juegos de Pekín y cuya orina fue analizada varias veces por el Comité Olímpico Italiano siempre con el mismo resultado. Tampoco aceptó las argumentaciones de los italianos Pellizotti y Caucchioli respecto a las fluctuaciones sanguíneas de su pasaporte biológico, el producto estrella que la UCI puso en marcha en 2008. Y mucho menos tuvo compasión con Alejandro Valverde, el ciclista español que había esquivado todas las sospechas pero que fue finalmente sancionado por una sucesión de carambolas: una etapa del Tour acabó en Italia, él fue reclamado para un control, el CONI pidió su sangre al juez suplente de la Operación Puerto aprovechando las vacaciones del titular y finalmente se decretó la coincidencia: la sangre de la bolsa 18 Valv Piti pertenecía al murciano. La UCI miró atrás y reclamó justicia al TAS. Valverde ha estado dos años sin correr.

Salvo que sea cierta la teoría de la rosca, propagada curiosamente por el equipo de Armstrong (RadioShack-Nissan), según la cual Contador y su equipo habrían camelado al presidente del jurado Efraín Barak con excursiones a Israel y conferencias de dopaje en Madrid, el ciclista español expone su futuro desde la incertidumbre del resultado. Puede ser castigado por un año: un mal menor que le permitiría correr el próximo Tour si la sanción cuenta desde el día del control en 2010. Puede ser liberado y se abre ahí la revisión de la norma del clembuterol. O puede ser calcinado con dos años y 2,8 millones de multa.