Los trabajadores, algunos con 10 meses sin cobrar, podrán acogerse al acuerdo
Día 03/02/2012
Ayer, coincidiendo con la manifestación convocada por las empresas que gestionan las residencias de la tercera edad de Castilla-La Mancha, a las que se adeudan 110 millones de euros y cuyos trabajadores llevan diez meses sin cobrar, se conoció el establecimiento de un acuerdo de financiación a través de Caja Rural de Castilla-La Mancha que el Gobierno regional pone a disposición de este colectivo. Ayer por la mañana, unos 200 trabajadores de las residencias se manifestaron por las calles de Toledo tras intentar, sin éxito, protestar frente al Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia regional, algo que no fue posible por el fuerte dispositivo policial montado en torno al edificio.
El acuerdo que les ofrece la Junta consiste en que Caja Rural de Castilla-La Mancha admite a las empresas la presentación de facturas mediante endoso y el reconocimiento de deuda desde marzo de 2011, cuando comenzaron los impagos, según informó ayer el Gobierno regional en nota de prensa. De esta forma, las empresas que se acojan a este acuerdo podrán acceder a la financiación de su deuda con un interés preferente del 5 por ciento.Las empresas pueden presentar las facturas en el plazo de un año desde que se firme el acuerdo y la entidad financiera se compromete con cada una de ellas a analizar las diferentes situaciones. Además, Caja Rural de Castilla-La Mancha ofrece a los trabajadores del sector que cobren su nómina a través de la entidad financiera la posibilidad de adelantarles tres nóminas sin ningún coste.
Impagos desde Barreda
El Gobierno regional subrayó que la oferta es «una solución temporal, pero eficaz, a los problemas de falta de fondos de las residencias», y recordó que las empresas «vienen soportando» los impagos «desde los gobiernos socialistas», ya que hace diez meses presidía la Junta de Comunidades el socialista José María Barreda.
La manifestación de ayer, que fue convocada por la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam), comenzó en la Puerta del Cambrón y continuó, ya sin autorización, hasta uno de los accesos del Palacio de Fuensalida, donde los agentes les cerraron el paso. En su recorrido en dirección hacia el Palacio de Fuensalida, los manifestantes hicieron parar momentáneamente un coche oficial en el que viajaba la presidenta regional, a la que increparon «Cospedal, paga ya».
El Gobierno regional, según Artecam, adeuda a las 150 empresas que gestionan las residencias de ancianos de la región un total de 110 millones de euros, en las que trabajan unas siete mil personas que atienden a unos 5.500 usuarios.
