Guerra avanza un nuevo sistema de contratación naval para abril

Abril o mayo. Estos fueron los plazos marcados ayer por el conselleiro de Economía, Javier Guerra, para la autorización de un nuevo sistema de contratación que vendría a sustituir al bloqueado «tax lease» el pasado 31 de junio. Optimista al respecto de las negociaciones con la Unión Europea y convencido de que los técnicos de la Comisión darán su visto bueno a la propuesta enviada por el Gobierno central, y que ésta contará con la aprobación de su vicepresidente y responsable de Competencia, Joaquín Almunia; afirmó que «de haber trabajado antes con esta misma intensidad el objetivo temporal sería otro y el naval contaría ya con un sistema alternativo».

El representante gallego basó su argumentario en un documento remitido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el que se detallan de forma pormenorizada los pasos dados y las fechas que restan al proceso. De este modo, Guerra confirmó que, una vez enviada la propuesta con sus notas aclaratorias correspondientes, se espera la convocatoria de una reunión informal por parte de la Comisión Europea para avanzar en la alternativa. Así, una vez que los técnicos europeos hagan sus aportaciones y España las incluya, será a finales de febrero cuando se espera que Bruselas otorgue su visto bueno al sistema.

El siguiente paso será la notificación formal al comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, del nuevo régimen de ayudas, incluidos los cambios necesarios en la legislación española respecto al Impuesto de Sociedades, y a partir de ahí, calcula el Ministerio de Industria, contar con la autorización definitiva del nuevo modelo de bonificación fiscal —basado en el sistema francés— en abril, «como muy tarde en mayo», matizó Guerra.

En este contexto resaltó que «la situación es radicalmente distinta» para el naval desde la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno, ya que en la anterior legislatura el Ejecutivo central le estuvo «tomando el pelo al sector». «Desde la suspensión del sistema no aportó ninguna comunicación formal a la Xunta más allá de comentarios», lamentó.

En paralelo se refirió al cierre del expediente de investigación sobre el «tax lease», denunciado ante la Comisión de la Competencia, y que esperan se produzca en tiempos similares. En cuanto a la decisión que tome la UE con respecto al suspendido sistema de bonificaciones fiscales, que considera «ayuda ilegal», no contempla medidas retroactivas. «El naval gallego cuenta con todos los argumentos para demostrar que actuó de buena fe», dijo, al tiempo que reseñó que «el Gobierno central, como interlocutor, defenderá que las ayudas para la construcción de buques denunciadas desde Holanda estaban dentro de la máxima intensidad permitida». En consecuencia, se mostró convencido de que los astilleros, bancos, navieras e inversores no tendrán que devolver cantidades de entre el 25% y el 30% de cada contrato cerrado desde 2002, ya que ello supondría «el cierre del sector».

Respecto al futuro de Vulcano, cuya viabilidad está vinculada a la aceptación por parte del ente público privado de reconversión Pymar del convenio de acreedores presentado por el astillero vigués —que plantea una quita del 80 por ciento—, el conselleiro insistió en que mediará para que los socios acepten a pesar de las reticencias manifestadas por los armadores vascos.

Ya por último, preguntado al respecto de la construcción del dique exterior de Ferrol, reveló que ayer habló con el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, para tratar de fijar una reunión.