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Empresarios y sindicatos advirtieron al Gobierno que la negociación colectiva era cosa de dos, que no debía inmiscuirse. Y presentaron a Mariano Rajoy un pacto de moderación salarial por tres años, que por primera vez desliga los incrementos de sueldos del IPC, y un acuerdo para aumentar la flexibilidad interna en la empresa en momentos de crisis económica como el actual. Buenos propósitos siempre pensando en un escenario de acuerdo entre las partes. Pero el pacto de los agentes sociales no explica qué ocurriría si la empresa y los trabajadores no llegan a un entendimiento para poder «descolgarse» del convenio, bien sea de la propia empresa o de ámbito superior.
El Ejecutivo no quiere solo buenas intenciones, quiere dejar todos los cabos atados. Y es por este motivo por el que legislará en esta materia y especificará qu ocurrirá en caso de que una empresa en situación de crisis se vea obligada a cambiar las condiciones laborales de los trabajadores para evitar despidos.
La reforma laboral aprobada en 2010 por Rodríguez Zapatero, avanzaba solo vagamente en la flexibilidad interna en la empresa, pero para los casos de desacuerdo entre las partes, dejaba la decisión final a un árbitro, la persona que ahora debe dictar la modificación de las condiciones de trabajo cuando no hay acuerdo, pero cuyas resoluciones no son de obligado cumplimiento.
Bajar sueldos
Este vacío ha provocado que en la práctica las empresas, especialmente pymes y autónomos, tengan que recurrir como primera medida al despido, antes de modificar a la baja, por ejemplo, los sueldos. A partir de ahora es objetivo del Gobierno que las empresas puedan acomodar sus salarios a épocas de caída de actividad sin necesidad de estar maniatadas por lo que dicta un convenio colectivo de ámbito superior. El convenio de empresa tendrá la última palabra.
La reforma que ya ultima el departemento que dirige Fátima Báñez, no incluye el contrato único de 20 días de indemnización, una fórmula que la ministra de Empleo ha descartado, entre otras razones, por su posible inconstitucionalidad. El camino elegido es el de generalizar el contrato de fomento del empleo que puso en marcha el Gobierno de Aznar en 1997 y que incluye una indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado en lugar de los 45 días que recoge el contrato actual, el más utilizado, aunque la reforma de Rajoy también quiere invertir esta tendencia, como ya informó ABC.
La hoja de ruta de la ministra Báñez no hace del despido la estrella de la reforma, aunque sí aclarará las causas para realizar un despido objetivo en España, ahora prácticamente imposible de justificar y en manos de los jueces, lo que demora extraordinariamente el proceso y la aplicación de la extinción con 20 días de indemnización. En la práctica, lo que ocurre es que las empresas desisten de despedir con despido objetivo y lo hacen de forma improcedente, lo que eleva extraordinariamente el coste, hasta 45 días por año trabajado. Sobre la mesa está también la supresión de la autorización laboral previa para los ERE, un requisito que no exite en ningún país de la OCDE. Para incentivar las contrataciones, el Gobierno apostará por bonificar a las nuevas empresas que creen puestos de trabajo con una reducción de 3.000 euros en el Impuesto sobre Sociedades. Y en el caso de autónomos, se pondrán en marcha bonificaciones en las cotizaciones para los empresarios que contraten a su primer trabajador.
Más tiempo parcial
En el ánimo del Ejecutivo también está aplicar rebajas de impuestos a las empresas y exenciones fiscales para animar la contratación de jóvenes y mujeres y para fomentar otras fórmulas que se aplican en Europa con éxito como el teletrabajo o el trabajo a tiempo parcial con contrato indefinido.
No menos importante es la reforma de los servicios públicos de empleo, pieza clave entre los cambios que se avecinan. Éstos traerán más protagonismo de las empresas privadas en la gestión de las colocaciones tras el fracaso del antiguo INEM, que apenas intermedia un 3% en la gestión de los empleos. Como primera medida, la reforma eliminará las limitaciones que tienen las empresas de trabajo temporal (ETT) por ejemplo para operar en el sector público.
Y también es intención Mariano Rajoy no seguir permitiendo que los ajustes de empleo en nuestro país se sigan haciendo vía prejubilaciones y jubilaciones anticipadas. Aunque CEOE y sindicatos reclamaron al Ejecutivo que mantenga ambas fórmulas, la idea del presidente es suprimirlas salvo en circunstacias muy excepcionales. Los planes del Gobierno son aprobar todos estos cambios para el mercado de trabajo en el Consejo de Ministros de próximo 10 de febrero.
Hoy Mariano Rajoy tienen previsto reunirse con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, con el que podrá contar para sacar adelante su reforma.
