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Diversas organizaciones (entre las que se encuentra la Fundación Renovables, Greenpeace y la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España) han suscrito un documento en respuesta a la decisión adoptada el pasado viernes por el Consejo de Ministros de suspender, de forma temporal, las primas a las nuevas plantas de energías renovables. Los firmantes tachan de «error histórico» una medida que, a su juicio, «desprestigia» la imagen que da la industria española en el extranjero y genera inseguridad jurídica. «Frenar las renovables solo va a ser una cortina de humo que impida abordar los verdaderos problemas energéticos», advirtió, con tono contundente, el presidente de la Fundación Renovables, Javier García Breva.
Las empresas de las «energías verdes» no creen que, como aseguraba el ministro de Industria, José Manuel Soria, España pueda cumplir aún con sus compromisos comunitarios en materia energética, pese a la paralización de las subvenciones. Por ello, sostienen que el real decreto «va contra las directivas europeas» que establecen que en 2020 tanto el consumo final como el de los edificios debe proceder en un 20% de las energías limpias. La norma, apuntan, «impide la tramitación administrativa y la conexión de nuevos proyectos». Y, por tanto, también dificulta el cumplimiento de dichos objetivos.
Más de 40.000 millones en importaciones
«Se echa por tierra el embrión de la política energética europea», subrayó García Breva, quien señaló que las organizaciones esperarán a «ver cómo queda» el decreto «tras su paso por el Parlamento» para emprender las acciones legales correspondientes y decidir en qué instancias judiciales presentarlas.
En una comparecencia que ofrecieron en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), los representantes de la industria de las renovables negaron, también, que el sobrecoste del sistema energético se deba a las primas (que se sufragan con cargo a la tarifa eléctrica). «Las importaciones de gas, petróleo y uranio superan los 40.000 millones de euros y nuestra mayor intensidad energética equivale a más del 1,5% del PIB», destaca el comunicado.
El decreto, añadieron, también tendrá un efecto directo sobre los puestos de trabajo. A los 20.000 empleos que se destruyeron durante los años 2009 y 2010, aseguraron, se sumará «la destrucción de empleo» ante la paralización de «unos planes aprobados que han estimado la creación de 300.000 empleos en el sector y cerca de un millón en los servicios energéticos para 2020».
