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LA palabra que se dispone en el justo medio del frontispicio de la doctrina liberal es, según todos saben: Igualdad o Egalité, si se quiere ser más clásico. Esta igualdad de la que hablaban los primeros revolucionarios norteamericanos y franceses se refería, naturalmente, no a uniformidad, ni siquiera a igualdad económica, sino a la simple y llana igualdad de todos los hombres ante la ley.
Un principio claro, razonable y entendible por cualquiera, independientemente de su adscripción política. Supuestamente, los sucesores del pensamiento liberal que son los estados constitucionales, llamados ahora «de derecho», deberían obligarse a preservar una desiderata de tan evidente corrección moral y de tan clara utilidad pública, pero no lo hacen ni siquiera por asomo, prefiriendo tomar el rábano por las hojas con el fin de no molestar a los que más se quejan.
Gracias a esta confundidora falta de criterio y equidad ocurre que mientras a los gallegos se nos sube astronómicamente el IRPF por estar integrados en el régimen general tributario, en otros territorios como el País Vasco y Navarra, puede que mañana Cataluña, bendecidos por el culto a los papeles amarillos de los abuelos, consagrado en la Constitución de 1978, harán, como siempre, lo que se les ocurra al respecto. Es decir, presumiblemente sus ciudadanos continuarán pagando menos al fisco, sean cuales sean las urgencias económicas que nos aquejen.
Se constata, bueno es decirlo, que los españoles del 2013 no somos iguales ante la ley, desde luego no ante la ley de presupuestos o ante las leyes fiscales. Y aquí radica el equívoco, nada tiene que ver la economía privada de Juan Pueblo con los fueros o con los hechos diferenciales, que son formas de administración y gobierno, la diferencia de amparo económico es otra cosa, es pura discriminación y culto al privilegio.
El mismo privilegio que señoreó la vida profunda de la Península Ibérica durante toda la edad Moderna y buena parte de la Contemporánea, entonces se dictaba por pactos mas bien oscuros quien era, por simple nacimiento, hidalgo y quien pechero, es decir el que paga; dónde se mantenían los puertos secos, emporios del contrabando, y dónde no; quién contribuía a las guerras de la Corona y quien no; quién pagaba sus impuestos por cupo o concierto y quien por la onerosa alcabala...
Privilegios todos privativos de los mismos territorios donde ahora existen nuevas y substanciosas ventajas económicas para sus ciudadanos. Resulta, entonces, que estamos ante el mismo perro vestido con distinto collar. Así que el privilegio que parecía fantasma de un pasado mas bien tenebroso de «Dios y leyes viejas» adquiere ahora plena vigencia. Y a uno que se confiesa razonablemente jacobino se le abren las carnes pensando que por designio constitucional forma parte de los pecheros sin concierto ni cupo que deben pagar luctuosas y alcabalas.




