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La Guardia Civil interrogó ayer durante más de seis horas al principal imputado en la trama de los ERE fraudulentos, el que fuera director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero. Acompañado por su abogado, Fernando de Pablos, el ex alto cargo declaró por primera vez después de que hace unas semanas su chófer confesase a la Policía y a dos jueces que parte del dinero de la partida para ayudas sociolaborales, bautizada como «fondo de reptiles» se la gastaban en «cocaína, fiestas y copas».
Guerrero, que había amenazado ya con «tirar de la manta», dijo ayer ante la Benemérita que todas las decisiones sobre las ayudas de la partida 31-L las consensuó con sus jefes en la Consejería, José Antonio Viera y Antonio Fernández (este último ya imputado en la trama). Guerrero dijo que no adoptó «decisiones unipersonales» y que la fórmula para dar las ayudas se la «impusieron» y que ambos consejeros «lo sabían todo».
La nueva declaración de Guerrero se produce después de que la Guardia Civil encargada de la investigación haya entregado a la juez cinco nuevos expedientes de ayudas concedidas a empresas (entre ellas Calderinox, Acyco y Río Grande) por lo que la juez ha ordenado interrogarlo para ver si arrojaba más luz sobre el método y saber hasta dónde llega la implicación de sus superiores. Además también para conocer si hubo «enriquecimiento personal» del propio ex director general después de que su chófer confesara que le devolvía parte de las ayudas. La juez Alaya tiene previstas nuevas imputaciones (más de una quincena) de manera inminente, entre ellas las de varios altos cargos de la Junta.
