Bruselas expedienta a España por incumplir las reglas en las jaulas para gallinas ponedoras

Además de España, los expedientes sancionadores afectarán a Bélgica, Bulgaria, Chipre, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Rumanía. El Ejecutivo comunitario insiste en la importancia de cumplir la directiva porque lo contrario supone un riesgo para el bienestar animal , "pero también puede implicar distorsiones en el mercado y una competencia desleal". En torno a "un tercio" de la producción española "no cumple" con las normas europeas, según fuentes comunitarias consultadas por Europa Press, que apuntan que con esta cifra España ocupa el segundo puesto de una lista de trece países incumplidores, sólo por delante de Italia.

En España hay 720 explotaciones y una población de 43,5 millones de gallinas ponedoras , según datos del Ministerio, que en diciembre estimó que cerca del 50 por ciento de las jaulas ya estaban acondicionadas. La semana pasada, el nuevo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, dijo que España está "en la senda de cumplimiento" de la norma y pidió a Bruselas "cierta flexibilidad" para la adaptación del sector.

Entre los requisitos de las jaulas enriquecidas figuran la obligación de una mayor superficie , para que cada ejemplar tenga al menos 750cm2, y de disponer de nidos y de dispositivos para el recorte de uñas o sistemas alternativos, "con el objetivo de satisfacer las necesidades fisiológicas y de comportamiento" del ave, según apunta Bruselas en un comunicado.

El propio comisario Dalli advirtió la semana pasada de acciones "inminentes" contra un grupo de Estados miembros por no estar al día con la legislación comunitaria, aunque no precisó de qué países se trataba. Según datos de Bruselas, en diciembre aún había en la Unión Europea 51 millones de gallinas que no disponían de jaulas acondicionadas de acuerdo a las nuevas reglas, pese a que los gobiernos han tenido más de diez años para adaptarse a una directiva acordada en 2000.

La apertura del expediente es el primer paso de un procedimiento de infracción , con el que se da un plazo máximo de dos meses para que el Estado miembro emprenda medidas correctoras. Si la respuesta no convence a Bruselas, ésta puede dar una segunda oportunidad al país con un nuevo plazo de dos meses y, si tampoco en esa fase se resuelve el dossier, llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.