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«No voy a hablar nada sobre España». Baltasar Garzón no quiso pronunciarse ayer sobre la sentencia que declaraba no culpables a los políticos Francisco Camps y Ricardo Costa tras una investigación que inició el juez.
Garzón ha sido procesado por ordenar escuchas entre los supuestos cabecillas de la «trama Gürtel» y sus abogados, y está a la espera del fallo del Tribunal Supremo. También está siendo enjuiciado por prevaricación por abrir una investigación sobre los crímenes durante la guerra civil (1936-1939) y la posterior dictadura de Francisco Franco, pese a la existencia de una Ley de Amnistía.
El magistrado evitó ayer referirse a estos asuntos a su llegada a Quito para continuar su trabajo como presidente de la veeduría internacional que observa el proceso de reforma de la justicia en Ecuador.
Reforma judicial
Garzón, que se dio a conocer fuera de España tras ordenar en 1998 la detención del ya fallecido exdictador chileno Augusto Pinochet, preside un comité de expertos internacionales que observan la reforma del sistema judicial de Ecuador, aprobada el año pasado en un referendo impulsado por el presidente, Rafael Correa.
Los otros veedores extranjeros son Rafael Follonier (Argentina), Marco Aurelio García (Brasil), Porfirio Muñoz (México), Carolina Escobar Sarti (Guatemala), Marigen Hornkohl (Chile) y Juan Luis Mejía (Colombia).
Garzón asistirá hoy a la toma de posesión de los 21 jueces y juezas de la nueva Corte Nacional de Justicia (CNJ), que funciona como el tribunal supremo de Ecuador.
El magistrado español también se reunirá con los integrantes del Consejo de la Judicatura de Transición, encargados de dirigir la reforma y seleccionar a los miembros de la CNJ, con representantes del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y del Consejo de Participación Ciudadana.
Garzón terminará mañana su agenda oficial en Ecuador.
