Caamaño cuestionó la autoridad de la Defensora del Pueblo para sugerir que se penalizara el desfilparro público
Cava de Llano replicó al anterior ministro de Justicia que el derroche de las administraciones afecta a derechos básicos de los ciudadanos, como la sanidad y la educación
La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha explicado este miércoles ante el Foro de la Nueva Sociedad que cuando propuso al anterior ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que se persiguiera el despilfarro de las administraciones públicas, éste cuestionó su autoridad para sugerir tal iniciativa.
«Puse esto de manifiesto al anterior ministro de Justicia y me contestó de una forma que, sinceramente, no me pareció apropiada. Me dijo '¿y usted quién es para interesarse por este tema?' A lo que yo contesté: 'yo soy la Defensora del Pueblo, tengo el control de las administraciones públicas y mucho más en este caso porque estos despilfarros afectan a derechos básicos como puede ser la sanidad o la educación'», ha explicado.
Según ha dicho, esta relación entre el derroche de las administraciones y los derechos de los ciudadanos «se está viendo» en la actualidad «con recortes que sin duda, está habiendo precisamente porque se ha gastado lo que no se debía» y, por ello, ha reconocido estar «encantada» ante la respuesta del nuevo Gobierno , que ha recogido su propuesta y ahora plantea llevarla a cabo.
«Estoy encantada de que mi voz haya servido para algo tan fundamental porque hasta ahora el ordenamiento jurídico no da sartisfacción al reproche que los ciudadanos ejercían sobre este asunto», ha señalado, para incidir en que el Código Penal sólo permite perseguir al cargo público cuando en la gestión hay ánimo de lucro personal y no cuando lo que existe es «un ánimo electoral».
Para la Defensora, es imprescindible llevar a cabo esta penalización de la mala gestión de las administraciones públicas ya que en su opinión, «es absurdo» que «se castigue"» el mal uso del dinero privado mediante la persecución de los delitos societarios y no se adopten medidas cuando el que se utiliza mal es el dinero público.
Según ha dicho, «las sanciones penales son lo último a lo que recurrir, aunque puede haber sanciones de tipo administrativo» por estas conductas. En este sentido, ha recordado que ya en el año 1500 en España se realizaban juicios a los administradores públicos para evaluar su gestión y, cuando no había sido adecuada, se les imponían multas y se les inhabilitaba para el ejercicio de cargo público.
Cava de llano se ha pronunciado asimismo sobre la propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre devolver a los jueces la potestad para elegir al Consejo General del Poder Judicial y ha mostrado su satisfacción por la iniciativa, ya que, según ha dicho, «la justicia está politizada o al menos eso es lo que olfatea el ciudadano medio al que representa la institución».
Recurso previo de inconstitucionalidad
Asimismo, sobre la propuesta de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para las leyes orgánicas, previsión que fue eliminada en 1985 de la normativa, la Defensora ha destacado que es «una idea extraordinariamente buena» especialmente para los estatutos de autonomía que, de haber estado vigente «habría ahorrado muchos disgustos a muchos».
En esta línea, ha concretado que «no se habrían creado falsas expectativas» sobre estatutos como el de Cataluña «ni se habrían desarrollado leyes» derivadas del mismo que, la institución «se ha visto obligada a recurrir ante el Tribunal Constitucional», como la Ley catalana de Consumo o la regulación del uso de la lengua cooficial. «Nos habría ahorrado muchos disgustos y habría servido de control constitucional», ha afirmado.
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