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ENFRASCADOS en el espectáculo, generalmente lamentable, que ofrece nuestra casta político-sindical a veces se nos escapan o pasan desapercibidas importantes batallas pro derechos civiles, como es el caso del derecho a elegir la modalidad de educación a ofrecer a nuestros hijos. Asunto aún más importante en los lugares que como en nuestra región campa a sus anchas, o mejor decir, a sus estrechas miras, el despotismo nacionalista donde la educación de las criaturas se convierte en un pretexto para el adoctrinamiento sectario y la manipulación de las conciencias infantiles y juveniles. Pero hoy podemos celebrar una rara victoria del liberalismo en Galicia.
La Audiencia Provincial de Justicia de La Coruña acaba de dictar un auto firme en un caso del llamado «homeschooling» que por su interés en la protección de la Libertad y los derechos civiles merece ser glosado y alabado. Según expone la propia resolución del alto Tribunal: «Se trata de una contienda entre el derecho a elegir las diferentes alternativas pedagógicas y el derecho fundamental a la educación, que debe comprometer a los poderes públicos en la tarea de colaborar a su efectiva realización, pero en la que el derecho penal, en cuanto que no se han superado barreras que supongan un peligro para los menores, no debe tener intervención en el actual momento, sobre la base de una imputación por un delito de abandono de deberes familiares del artículo 226 del Código Penal».
En consecuencia, la Audiencia revoca el auto de procesamiento del juzgado de instrucción, por entender ajeno a una sanción penal el derecho de los padres a educar a sus hijos en su propio hogar con el auxilio de las nuevas tecnologías, en este caso matriculados en una escuela de California, West River Academy, recibiendo la docencia por Internet, sin perjuicio de la participación de los menores de 8 y 9 años en otras actividades sociales que permitan o mejoren su integración con otros niños de la ciudad de su residencia. El resultado de esta peripecia judicial debe congratularnos e indica que es muy positivo pelear por lo que se considera justo incluso casi contra toda esperanza porque, incluso, a veces las instituciones pueden darnos la razón.
Enhorabuena a los padres que han luchado por lo que creían justo por la consecución de sus deseos personales y por el logro general obtenido como brecha de interés para la sociedad a la que podrán acogerse otras familias en el futuro. También al letrado que ha defendido el asunto, Fernández Tarrío, una joven personalidad del liberalismo gallego. Será de interés comprobar la evolución educativa de estos niños bajo la tutela de sus padres, que probablemente no desmerecerá de la lograda por los sometidos a los cuidados no siempre mejores del Estado.












