«Más rigor en las incompatibilidades»

El sector de las empresas fotovoltaicas ha recibido con sorpresa la información desvelada por ABC sobre la fuga del abogado jefe del Ministerio de Industria al sector privado. Para ellos es inexplicable que quien ha participado en la elaboración de esta reforma legislativa, que tantos problemas judiciales está ocasionando al Estado, pueda ahora dejar la Administración y pasar a la empresa privada en el mismo ámbito en el que trabajaba anteriormente.

En declaraciones a ABC, un portavoz de la Asociación de Industrias Fotovoltaicas lamentó esta situación, aunque no quiso entrar en el fondo del asunto. «A nosotros nos gustaría que hubiera una aplicación más escrupulosa de la Ley de Incompatibilidades y que ésta fuera mucho más severa».

El colectivo no acierta a entender cómo es posible que se contrate a un bufete de abogados externos y no se tenga en cuenta a los Abogados del Estado para la defensa de España ante la justicia internacional. En este sentido, fuentes de las empresas fotovoltaicas perjudicadas por la nueva regulación subrayan que «es muy triste que el Estado español tenga que recurrir a una empresa privada para defender a los españoles». «Parece —añaden—, que nuestros servicios jurídicos no eran competentes» para hacer este trabajo.

«Atropello contra la Ley»

Los afectados consideran un «atropello contra la legalidad» el cambio normativo que aprobó el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Por ello, ya han presentado miles de reclamaciones ante el Estado español. No solo han sido los particulares; también tres Comunidades Autónomas, como las de Valencia, Murcia y Extremadura, han recurrido ante el Tribunal Constitucional. El motivo de estas demandas es el carácter retroactivo de la Ley.

Además de estos recursos que se han presentado contra la Ley, ésta está siendo investigada por la Comisión Europea e incluso mereció las críticas del comisario europeo de la Energía, Günther Oettinger.

La retroactividad de la norma fue defendida por el propio Eduardo Soler en un artículo publicado en 2010 en el diario La Ley, al subrayar que «mantener idénticas primas durante toda la vida útil de la instalación no puede constituir un derecho adquirido». Este es uno de los aspectos más criticados por el sector, que considera que había que salvaguardar la inversión que ya habían realizado empresas y particulares, en base a unas expectativas de rentabilidad futura que ahora desaparecen. Soler incluso cuestiona el sistema de primas, afirmando que «se han revelado claramente generosas».

El PP pidió su derogación

Al Gobierno del Partido Popular le tocará ahora enfrentarse a las negativas consecuencias que ha tenido para el sector la entrada en vigor de esta modificación legislativa. Los populares intentaron evitar su aprobación en la tramitación en el Senado, al pedir su derogación, pero los socialistas revocaron esta enmienda durante su ratificación final en el Congreso de los Diputados.

Las asociaciones de productores y fabricantes de instalaciones fotovoltaicas reclamaron el pasado mes de noviembre al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que sea «coherente» con las posiciones que ha venido manteniendo cuando estaba en la oposición y «dé seguridad jurídica al sector». Este sector acusó al ministro Sebastián de «haber demonizado la fotovoltaica».