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El Consejo de Ministros de este viernes ha vuelto a ser, eminentemente, económico. Varios informes sobre la reforma laboral y de la reestructuración del sistema financiero se han vuelto a poner sobre la mesa, además de las impresiones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado esta misma semana con las autonomías.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha puesto en valor el acuerdo base adoptado para la contención del déficit en las Comunidades Autónomas y medidas que redunden en la mayor transparencia de sus cuentas. En el Consejo de Ministros de hoy se han valorado también aplicar otras medidas de liquidez y apoyo para las regiones, "siempre condicionadas" -ha remarcado la portavoz gubernamental- a los objetivos marcados por la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria. Al respecto, ha dicho que se elaborará una norma conjunta del "buen Gobierno", ha abundado en la iniciativa verbalizada por Montoro acerca de la responsabilidad penal para los malos gestores de las cuentas públicas. Sáenz de Santamaría ha definido que habrá, para los casos de dolo acreditado o gran culpa,"una reacción desde el punto de vista penal". "Hoy por hoy existe una responsabilidad de los gestores públicos que se determina en infracciones en el ámbito administrativo y contable y el más grave conlleva una sanción penal", ha puntualizado, aunque ha subrayado que antes de sancionar, se tienen que establecer primero las obligaciones legales de cada gestor público.
La portavoz abunda en que habrá sanción penal para los malos gestores «en casos de dolo o culpa»
En línea con ese compromiso, la portavoz ha informado: "También se está procediendo a adoptar nuevas medidas de austeridad, como la reducción de altos cargos en el Ministerio de la Presidencia y de Sanidad, entre otros departamentos". Por ejemplo, en el departamento que Sáenz de Santamaría comanda, el de Presidencia, se ha reestructurado el organigrama y se han reducido de 23 subdirecciones generales a 19.
El Consejo Audiovisual: 7 millones de euros
Este Gobierno, ha enfatizado la "número dos", censura esta "proliferación de organismos reguladores", y ha aprobado formar un grupo de trabajo con personal de los distintos departamentos afectados (Fomento, Sanidad y Servicios Sociales, Economía y Hacienda) para llevar en un "breve plazo de tiempo" una propuesta de simplificación de los organismos existentes en estos momentos.
«Habrá más intervención del Parlamento en la actividad de esos organismos reguladores»
Simplificará los contratos
A Soraya Sáenz de Santamaría le han preguntado en diversas ocasiones sobre la tribuna que ha escrito el titular de Economía en el periódico "Wall Street Journal", acerca del abordaje posible del número de tipos de contrato en la reforma del mercado de trabajo. La portavoz del Ejecutivo ha confirmado que una de las claves de la reforma laboral es ésta. "Ahora, por desgracia, hay un contrato único que se está utilizando, el temporal y en la contratación a tiempo parcial hay mucho trabajo hecho, pero ha de abordarse esta fórmula en la reforma laboral" que va a aprobar el Gobierno antes del próximo 11 de febrero. La vicepresidenta ha asegurado que dicha reforma "simplificará" el número de contratos, si bien ha dicho que se continúa trabajando por lo que no ha aclarado si se establecerá un único contrato a tiempo completo.
Sáenz de Santamaría ha señalado que los principios de la reforma laboral serán la simplificación y la estabilidad laboral, si bien las fórmulas expeditivas se conocerán cuando la reforma llegue al Consejo de Ministros, el próximo mes. Sáenz de Santamaría ha censurado que el contrato temporal es masivo desde que el Gobierno socialista eliminó el límite al encadenamiento de contratos temporales. Tras lamentar lo "insuficiente" de los pactos alcanzados entre los sindicatos y la patronal empresarial, la vicepresidenta ha remarcado que el Gobierno está trabajando en una reforma que tocará aspectos también como la contratación, la flexibilidad interna, la negociación colectiva, la formación y la intermediación laboral. "Se adaptará a la realidad y a las propias circunstancias de España, cuya situación en términos de paro es "de las más graves" de la UE, ha completado la dirigente popular.



