La deriva autoritaria magiar

Lo único que nadie discute en estos momentos al hablar de Hungría es que el país se encuentra al borde del colapso y que si no resuelve pronto sus problemas políticos con la UE y los financieros con el Fondo Monetario Internacional (formalmente vinculados) puede acabar en una situación peor que crítica. Pero nada de ello le hace perder su proverbial orgullo nacionalista a su primer ministro conservador, que ya se había ganado un puesto en la historia del país con su feroz oposición a la dictadura comunista. En 2010, Viktor Orbán recibió un impulso político extraordinario con una mayoría inédita de dos tercios de los diputados y una herencia envenenada que pesa como una losa. Desde entonces, en todas sus reformas se ha reflejado ese carácter sulfuroso en el que queda poco espacio para la crítica.

Su orgullo es tan grande que ayer, después del debate, insistió en que prefiere que le dejen solo, tratando de buscar en los mercados el dinero que necesita para salvarse de la quiebra, «antes de que, como en Grecia, venga Alemania a decirnos lo que hay que hacer».

El primer conflicto se produjo nada más empezar su semestre de presidencia de la UE en 2011 con las denuncias a una ley de prensa que amordazaba a los medios de comunicación. La Comisión Europea pasó sobre ascuas en ese trámite, que se saldó con unas reformas cosméticas. Consideró que el asunto no llegaría muy lejos. Pero la medida de su error la dio la carta que envió ayer la vicepresidenta de la Comisión, Neelie Kroes, en la que pide al Gobierno húngaro que respete la libertad de prensa al tiempo que muestra su preocupación por el cierre de «Klubradió», la única emisora crítica.

Un mes de plazo

Si el trámite con el que entonces Bruselas se sacudió el asunto hubiera sido más estricto, Orbán no se habría atrevido a lanzar una reforma constitucional, aprobada a su medida el pasado 25 de abril. A la Comisión le preocupan asuntos como la purga del poder judicial bajo el pretexto de acelerar las jubilaciones de jueces. O el nombramiento de los nuevos jueces por personas cercanas al Gobierno (más exactamente, la esposa de un diputado del partido de Orbán). Que la vigilancia en la protección de datos quede en manos del Gobierno es otro de los puntos que Bruselas no puede aceptar y, menos aún, la subordinación del responsable del Banco Central al Ejecutivo magiar. Orbán debe actuar sobre estos puntos antes de un mes para evitar sanciones. Ayer se anunció que Bruselas ha abierto un segundo expediente —más amplio— sobre asuntos de Justicia, además de interesarse sobre la libertad de expresión con al citada carta de Kroes.

En la nueva Constitución húngara hay además otras cuestiones que preocupan menos a la Comisión, pero que ponen los pelos de punta a los países vecinos, como que se haya sustituido el nombre del país «República de Hungría» por el de «Hungría». Denominación que no deja claras cuáles son las fronteras de un estado que considera ciudadanos propios todos los que hablan su enrevesada lengua, aunque sean ciudadanos rumanos, eslovacos, serbios o croatas, y a quienes pretende dar derecho a voto.

Orban cree que estos aspectos dependen solo de «discusiones técnicas» —como hizo con la ley de prensa—, pero esta vez Kroes le ha advertido que también se trata de «la aplicación práctica de los principios fundamentales de la UE», puesto que «Hungría no respeta el pluralismo y la libertad en los medios».