El naval pierde centenares de empleos en Galicia en cuatro meses catastróficos

Las cifras son alarmantes. Solo en las factorías privadas radicadas en la ría de Vigo y Pontevedra, en tan solo tres años, desde el 2009, el sector naval del sur gallego ha perdido cuatro de cada diez empleos. Atendiendo al último trimestre de 2011, un 10% de los trabajadores de esta industria tuvo que quedarse en casa. Más datos: de enero a septiembre del pasado año los afectados por procesos de regulación (ERE de suspensión o de reducción de jornada) se elevaron a un total de 1.072 empleados.

Por su parte, en Ferrol, son las auxiliares del gigante público Navantia los que están sufriendo el ajuste derivado de la falta de nuevos contratos para la comarca. En total, y según cifras del comité de empresa de Navantia, en los últimos cuatro meses han desaparecido 767 operarios de las firmas de apoyo. En septiembre, la plantilla que operaba en los astilleros de Fene y Ferrol sumaba 3.867 personas. Hoy, rebasan los tres millares en poco más de un ciento: la diferencia, una quinta parte, en el paro.

Además, en diciembre, Navantia perdía la pugna abierta por un contrato en Noruega para la construcción de un buque logístico (en Ferrol se construyeron hasta cinco fragatas para este país). Las negociaciones con la armada de Australia, sobre las que también existían esperanzas, no han fructificado tampoco.

Navantia, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no firma encargos nuevo de navíos desde el verano del año 2007. Negociaciones más agresivas y la construcción de un dique flotante para la reparación, además del levantamiento del veto a la construcción civil, siguen siendo las reivindicaciones de la comarca.

La construcción naval despedía en 2008 uno de los ciclos más largos de crecimiento de su historia y entraba en declive. Especialmente dura con el sector, los astilleros privados de la provincia de Pontevedra eran los primeros en acusar la crisis, con una caída brutal en su cartera de pedidos (cercana al 70% y solo comparable a la década de los ochenta).

La situación se recrudece en los últimos dos años. Ahora incluso se pone en duda la supervivencia de las grandes constructoras navales, pero antes el efecto dominó ya arrasó con las auxiliares. Más de cuarenta empresas han desaparecido y, de entre las que se mantienen abiertas, más de una docena están en ley concursal (la anterior suspensión de pagos).

El panorama que traza el sector no es menos desolador por ser conocido. Dos son sus reivindicaciones: que se acometa de inmediato la necesaria modificación tributaria para la aplicación del modelo francés de bonificaciones fiscales; y que se mantenga la sociedad de reconversión del naval, Pymar (en la que participa capital público y privado) para avalar las contrataciones. Al respecto, los sindicatos reconocen que pese a que no todas las contrataciones están vinculadas al denominado tax-lease , bloqueado por la Comisión Europea hace ya siete meses, la mayoría de los barcos fabricados en la ría de Vigo estaban ligados a esta figura.

En paralelo, grandes empresas con un peso crucial en el sector como son Factorías Vulcano e Hijos de J. Barreras lidian guerras particulares.

Así, en el caso del primero su liquidación podría evitarse si los acreedores deciden adherirse al convenio del astillero, que contempla una quita del 80% de su deuda, extremo que tendría que producirse con fecha tope de 13 de febrero. Sólo con la adhesión de Pymar, Vulcano podrá salir del proceso concursal y contratar nuevos barcos. En esta dirección, el BNG presentaba ayer una proposición no de ley en la que se solicita a la Xunta que medie con la Sociedad de Pequeños y Medianos Astilleros de Conversión para poder cumplir con el plan de viabilidad presentado por la directiva de la firma olívica. Según los nacionalistas, de las decisiones que adopte Pymar va a depender que se puedan resolver situaciones como las que atraviesa Vulcano, toda vez que se adoptó «hace meses» la decisión de poner fin al fondo de garantía patrimonial y sustituirlo por un sistema diferente que permita «facilitar avales para la construcción de buques».

Más difícil es la situación que atraviesa Barreras. En concurso de acreedores desde el pasado mes de julio, el dique está inmerso en una profunda crisis interna después de que uno de sus máximos accionistas, José García Costas, pusiera en tela de juicio la gestión de la empresa (que llegó a cerrar encargos por debajo de coste) y solicitase un auditoría. Su deuda supera los 74 millones de euros: en ese marco se hace imprescindible una ampliación de capital. En cuanto al estado de Factoría Naval de Marín, los trabajadores han comenzado ya las negociaciones con la dirección del astillero de cara a reducir al máximo el ERE extintivo que podría afectar a más de la mitad de la plantilla.