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Los juzgados retiran a traductores de 114 lenguas «minoritarias»

La Comunidad, que invierte un millón al año en este servicio, mantendrá intérpretes de idiomas oficiales

Día 13/01/2012

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El Gobierno madrileño gasta cada año un millón de euros en el servicio de traducción en los juzgados de la Comunidad. Una institución que se ha convertido en una torre de Babel, donde se manejan casi doscientos idiomas, de los que un centenar corresponden a lenguas minoritarias. Por los pasillos de Plaza Castilla, por ejemplo, se maneja el inglés o el rumano con la misma soltura que el igbo (Nigeria) o el wolof (Senegal). La complicada situación de la justicia madrileña ha llevado al Gobierno de Aguirre a tomar cartas en el asunto para aligerar un presupuesto que no hace más que generarle dolores de cabeza. Por este motivo, según ha podido saber ABC, el Ejecutivo tiene previsto eliminar el servicio de traducción de 114 lenguas minoritarias en los juzgados y mantener sólo el de los idiomas oficiales.

Entre estas lenguas se encuentran el tagalo (Filipinas), el bengalí (Bangladesh), el farsi (Irán), el igbo (Nigeria) o el wolof (Senegal).

Este recorte se incluirá en el informe que desde hace meses prepara la Comunidad de Madrid para evaluar el estado de la justicia en la región. El documento, en teoría, iba a aprobarse en el Consejo de Gobierno de ayer, pero ha sido Esperanza Aguirre quien lo ha ralentizado para incluir más medidas de acción. El futuro informe afectará al servicio de traducción. Fuentes regionales no entienden, por ejemplo, que la Comunidad tenga que pagar un traductor de vasco en los juzgados de Madrid y que además este se haya utilizado una sola vez en todo el año.

El Servicio de Traducción e Interpretación de los juzgados de la Comunidad de Madrid atendió en 2011 un total de 12.153 casos, 8.209 pertenecientes al partido judicial de Madrid y 3.944 en el resto de la región. Esta cifra supone un 26% más de casos que los atendidos en 2010, que fueron 9.576. A pesar de que la ley obliga a ofrecer este servicio en lenguas oficiales hasta el momento, la Comunidad de Madrid también lo ofrecía en idiomas o dialectos minoritarios, una de las medidas que se quieren suprimir en el análisis realizado sobre la Administración de Justicia por parte del departamento de Presidencia y Justicia del Gobierno regional, que dirige Regina Plañiol.

Los idiomas con mayor nivel de demanda en juzgados, tribunales, fiscalías y registros civiles del Partido de Madrid durante 2011 fueron, por este orden, rumano (con 1.830 asistencias), árabe (1.125) y chino (1.000). Pero tras estos se encuentran casos tan curiosos como la utilización del dialecto wolof que se habla en Senegal, con 658 casos y que supera, por ejemplo, al inglés (620). En los partidos judiciales de la periferia los más utilizados fueron el rumano (1.529), árabe (583), inglés (439), chino (433) y polaco (120) en los Partidos Judiciales de la periferia.

La Comunidad de la Madrid, a través de la Consejería de Presidencia y Justicia, ofrece traducciones e interpretaciones en un total de 114 idiomas. Un servicio que supone un coste de un millón de euros al año, de los cuales 550.000 se gasta en la capital, y 450.000 en la periferia.

Situación de la justicia

Los primeros datos del informe de Justicia encargado por Esperanza Aguirre en su debate de investidura indican que gran parte de los problemas derivados de esta área no tienen como causa directa los factores que gestiona el Gobierno regional sino problemas derivados de los escasos medios proporcionados por el Estado a la Comunidad.

Madrid es la segunda Comunidad en número total de asuntos ingresados en Juzgados y Tribunales, así como en litigiosidad (número de asuntos ingresados en relación a habitantes). Las cifras demuestran que la litigiosidad es del 223,2 casos frente a la media nacional de 198,8, un dato que implica que los asuntos ingresados en los órganos judiciales en la región hayan crecido desde 2003 hasta 2010 en un 26,51%.

Sin embargo, y a pesar de estas cifras, la región sigue siendo de las que menos jueces cuentan en relación con la población y el número de casos, ocupando el puesto décimo entre las Comunidades autónomas. Sólo hay 10,1 magistrados por cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional es de 10,6. Esto implica que los jueces madrileños sean los segundos con más carga de trabajo de España, con 2.214 casos al año.

El Ejecutivo autonómico gestiona una plantilla de 6.762 empleados, incrementada desde el año 2003 en un 36%. Otra dificultad determinada en el informe es la gestión de un patrimonio inmobiliario heredado obsoleto, no construido inicialmente para uso judicial, con escasas posibilidades de ampliación y dispersión de sedes. En los últimos años se ha pasado de 48 edificios adoptados con las transferencias de justicia a 82.

Torre de Babel en los juzgados

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