En Vídeo
En imágenes
Noticias relacionadas
Herbet Smith Spain, el bufete de abogados beneficiado por el Ministerio de Industria con un contrato de 2,8 millones de euros cuatro días antes de la celebración de las elecciones generales, fichó un año y medio antes como consejero al abogado jefe del Ministerio que dirigía entonces el socialista Miguel Sebastián.
Eduardo Soler, abogado del Estado asignado al Ministerio de Industria, se incorporó como Of Counselen Madrid del despacho de abogados londinense, cuya sede se sitúa en una de las zonas más exclusivas del madrileño Paseo de la Castellana. Soler también tuvo algunos cargos en empresas públicas y, previamente a su paso por el Ministerio de Industria, fue subdirector de la Abogacía del Estado en Barcelona. El letrado cuenta con una amplia experiencia en temas energéticos y contencioso-administrativos.
Trescientos euros la hora
La empresa Herbert Smith, con actividad en España desde 2009, justificó la incorporación de Soler, que se desempeñaba como letrado jefe de Industria desde 2007, en la necesidad de contar con un experto de acreditada solvencia profesional en temas de energía y contenciosos relacionados con este sector.
Como informó ABC el pasado martes, el Ministerio adjudicó un contrato por cuatro años (prorrogable otros dos) y un importe de casi tres millones de euros a este despacho externo con objeto de que prestara asesoramiento legal a la Abogacía del Estado en los procesos de arbitraje vinculados al sector energético de la tecnología fotovoltaica. Este sector está sujeto a una fuerte litigiosidad por el cambio legislativo introducido en 2010.
El contrato, adjudicado el 11 de octubre del año pasado y formalizado el 16 de noviembre, fijaba en 300 euros más IVA la hora la tarifa asignada al bufete bajo el compromiso de éste de prestar «la asistencia jurídica con la diligencia» debida. Las funciones exigidas al despacho por la Secretaría de Estado de Energía incluían la «preparación de informes, estudios y notas de petición de la Abogacía General del Estado».
El contrato llevaba ligado también el pago a la empresa de gastos de desplazamiento de sus profesionales, en clase preferente para el AVE, el uso de taxi en trayectos urbanos y plazas en clase turista para los viajes aéreos.
La Abogacía del Estado cuenta con una cifra algo superior a los trescientos letrados.
