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Ayer comenzó en la Audiencia de Palma el primero de los juicios contra Jaume Matas por el llamado «caso Palma Arena», en el que se enfrenta a una pena de ocho años y medio de cárcel por los delitos de malversación, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y fraude. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el ex presidente balear ordenó pagos fraudulentos al periodista Antoni Alemany, por valor de 483.186 euros. Alemany, antiguo columnista de «El Mundo/El Día de Baleares» escribía sus principales discursos en la época en que era presidente de la Comunidad aunque no había relación laboral alguna, que se ocultaba detrás de un contrato con una empresa de publicidad. Además, el periodista compatibilizaba este trabajo con sus columnas en el citado rotativo, por supuesto elogiosas hasta el extremo con la gestión de su jefe.
La maratoniana sesión de ayer no fue especialmente favorable a los dos principales acusados —Alemany se enfrenta a cinco años y medio—, ya que el que fuera director de Comunicación del Gobierno balear, Joan Martorell, reconoció que se falsearon informes y contratos para cumplir las órdenes de Matas en el sentido de retribuir al periodista.
Contrato incumplido
Este acusado estuvo en el cargo desde julio de 2003 y como tal tuvo conocimiento de un concurso adjudicado a la agencia de comunicación Nimbus por unos 4.500 euros al mes, que en realidad tenía como fin el análisis de la imagen del Govern. Sin embargo, este contrato jamás se realizó y sirvió realmente para encubrir los pagos al periodista Antonio Alemany.
Martorell dijo que hasta 2005, cuando se prorrogó, no supo de este concurso, y reconoció que entonces redactó un informe avalando dicha prórroga a sabiendas de que el objeto del mismo era falso. «Entendí que era la forma de tramitar la cuestión y lo di por bueno». «Tenía órdenes de Matas de no poner objeciones a los deseos de Alemany». El ex jefe de Comunicación ha llegado a un pacto con la Fiscalía por el cual rebajarán la petición de cárcel a solo dos años.
También las declaraciones de otras dos ex jefas de gabinete de Matas, María Umbert y Dulce Linares, igualmente acusadas, fueron un varapalo para los intereses del ex presidente y el columnista. Ambas atribuyeron al político la idea de poner en marcha un supuesto concurso «pantalla» que sirvió en realidad para pagar al periodista, y afirmaron que esta contratación se hizo a sus espaldas. También dijeron desconocer totalmente que el concurso ocultaba la contratación de Alemany. «Si lo hubiera sabido lo hubiera parado; soy funcionaria y no me voy a jugar la carrera en esto», aseguró Linares.
La sesión de ayer acabó con la declaración del publicista Miguel Romero, quien aseguró que Alemany facturaba a su empresa (Nimbus) por «indicación del presidente». También reconoció reunirse con el periodista balear para «ver cómo se iba a hacer el negocio».
Para hoy está prevista la declaración de Matas y Alemany, entre otras personas.
