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Jaume Matas, ex presidente de Baleares y ex ministro de Medio Ambiente con el PP, se sentará desde hoy en el banquillo de los acusados para responder del pago con fondos públicos, entre 2003 y 2007, de 438.000 euros al periodista que le escribía los discursos, Antonio Alemany. Se trata de la primera pieza separada que se juzga del «caso Palma Arena», pero el horizonte penal del político balear se presenta complicado dado que aún permanecen abiertas otras 24, entre ellas la que se ocupa del llamado «caso Nóos», en la que también está implicado Iñaki Urdangarín.
La Fiscalía Anticorrupción pide para Matas ocho años y medio de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la Administración. Además de la pena de cárcel, se solicita su inhabilitación absoluta durante quince años por los cuatro primeros delitos, y de ocho para ejercer cargo público por el último de ellos. La defensa solicita la absolución.
Junto con Matas se sentarán en el banquillo el supuesto beneficiario de esos fondos, Alemany, para quien se piden cinco años y medio de prisión; Miguel Romero, administrador y socio de una agencia de publicidad también beneficiada, que se enfrenta a cuatro años y medio; Joan Martorell, ex director general de comunicación del Gobierno balear, para quien se solicitan dos años; Dulce Linares, secretaria general técnica de la Consejería de Relaciones Institucionales, con una petición de año y medio de cárcel, y María Umbert, jefa de gabinete de Matas, de nueve meses.
Detrás de este caso, según el ministerio público, estaba el deseo de Jaume Matas de tener la mejor imagen pública. Así, por una parte, exigía que fuera Alemany quien le redactara los discursos a pesar de no trabajar para su gobierno, y por otra se aprovechaba de que el periodista compatibilizaba este trabajo oculto con sus columnas en prensa para que le ensalzara. A cambio, además, le concedió subvenciones para sus empresas.





