Hacienda quiere limitar el pago en efectivo en algunas transacciones

Luchar contra la economía sumergida y los paraísos fiscales. Estos son los dos objetivos fundamentales del Plan General de Control Tributario para 2012, que el jueves fue presentado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro al Consejo de Ministros, como adelantó ABC. Un conjunto de medidas con las que el Gobierno quiere recaudar 8.171 millones de euros este año.

Las tres áreas de actuación de este Plan serán la intensificación en la lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales y la Seguridad Social. Igualmente, el Gobierno popular quiere poner en marcha actuaciones que contribuyan a erradicar los paraísos fiscales y a intercambiar información con los que ya no lo son, como Andorra, Bahamas, Panamá o las Antillas Holandesas.

Uno de los aspectos más novedosos de este plan de lucha contra el fraude fiscal es la posibilidad de establecer algún tipo de limitación al uso de efectivo en algunas transacciones económicas, en la línea de países como Italia y Francia. La cuestión es que se pondrá freno a que se paguen bienes o servicios de elevado precio en efectivo, práctica que realizan algunos ciudadanos cuando tienen dinero «negro» procedente por ejemplo de la venta de inmuebles u otro tipo de transacciones opacas al fisco.

Más control

En cuanto a la economía sumergida, Sáenz de Santamaría adelantó que se intensificará el control, mediante la comprobación del consumo eléctrico, reflejo de actividad real en cualquier negocio, y de la actividad de los terminales de tarjetas de crédito. La intención de mejorar el control del fraude en la fase recaudatoria pasa por una mayor colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera.

Asimismo, se potenciará la «autorregulación» voluntaria de incidencias censales para que aquellos contribuyentes a los que la Agencia Tributaria advertía de que han cometido errores u omisiones en sus declaraciones puedan voluntariamente subsanarlas, a cambio de la condonación parcial de la multa. Junto a este informe sobre el fraude fiscal, el ministro de Hacienda presentó otro sobre la situación del sector público empresarial. El objetivo es reducir un entramado de más de 4.000 entes, entre fundaciones, consorcios y empresas.

Lo primero que tiene previsto hacer el Gobierno es convocar a las Comunidades Autónomas en un Consejo de Política Fiscal y Financiera. En esta reunión preguntará por qué no se ha cumplido el objetivo fijado en 2010 de eliminar 515, ya que sólo se han suprimido 60; y les instará a aportar información exhaustiva sobre el personal o el sueldo de los altos directivos.

En el caso de las empresas que dependen de la Administración General del Estado, el presidente del Gobierno ha encargado a todos los ministerios que remitan este mes un informe completo de estas entidades. Una vez que conozcan la situación real de este sector se decidirá cuáles serán eliminadas.