En Vídeo
En imágenes
Iñaki Urdangarín, tal como se preveía desde hace semanas, se sumó ayer a la larga lista de imputados por el «caso Nóos». El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, en un auto de ocho folios, no solo cita al Duque de Palma a las nueve de la mañana del próximo 6 de febrero para que declare como tal —tiene la opción de pedir que se adelante la fecha de su comparecencia, si así lo quiere—, sino que además levanta el secreto de sumario que pesaba sobre esta pieza separada del «caso Palma Arena», cuyo principal implicado es el ex presidente balear Jaume Matas.
Hasta el momento, el juez entiende que contra Urdangarín hay indicios de que pudiera haber cometido los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental. No obstante, tras su declaración en el juzgado de Palma, y a medida que avance la investigación, no se puede descartar que se le imputen nuevos hechos delictivos. De hecho, el juez señala en su auto que se le interrogará, entre otras cuestiones, sobre el «destino y tratamiento fiscal que se le haya dado a los fondos recibidos y los que se deriven».
«Tiempo adecuado»
El magistrado precisa asimismo que «el tiempo que media desde este momento hasta el día señalado (para la declaración del Duque de Palma) es el que se estima adecuado para que el convocado pueda personarse en la causa, recibir copia de todo lo actuado en ella y disponer del tiempo necesario para su estudio». Una de las cuestiones que el magistrado quería evitar es que los abogados de Urdangarín pudieran alegar indefensión por no haber podido analizar a fondo las actuaciones.
Esa es, pues, una de las razones de fondo por la que en el mismo auto judicial en el que se imputa y se cita a declarar al Duque de Palma se levanta también el secreto de sumario, si bien el juez José Castro también alude a que ya se han practicado, «si no todas las diligencias que pudieran concepturase útiles y procedentes, sí al menos aquéllas que se han entendido indispensables a los fines pretendidos por la declaración de especial secreto».
Sobre el objeto del interrogatorio, además del ya citado de aclarar «el destino y tratamiento fiscal que se le hayan dado a los fondos recibidos y los que se deriven», el magistrado precisa que versará sobre aquellos hechos que «guarden relación con la génesis de cualquier fórmula negocial en virtud de la cual Don Iñaki Urdangarín Liebaert, tanto como persona física como en su condición de representante, partícipe o vinculado, de hecho o de derecho, a personas jurídicas, haya sido perceptor de fondos públicos, ejecución de lo convenido, rendición de cuentas, personas que han participado en los anteriores hechos o que hayan devenido beneficiadas por los mismos (...), y ello tanto en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears como en la Valenciana, recibiendo tales hechos una mucho más perfilada concreción en el curso de su declaración».
Eficacia procesal
De esta forma, y entre otras cosas por razones de eficacia procesal, el juez parece limitar el ámbito de la investigación sobre Iñaki Urdangarín a lo ocurrido en Baleares y la Comunidad Valenciana, dejando al margen por tanto otras posibles conexiones de mucha menor entidad, como las supuestamente ocurridas en la localidad madrileña de Alcalá de Henares o en Cataluña, que también han sido reflejadas en los medios.
Además de la declaración del Duque de Palma, en su auto el juez cita también a declarar el 5 de enero como imputados al resto de miembros del equipo directivo de Nóos —Diego Torres, su mujer, Ana María Tejeiro y sus hermanos Marco y Miguel—, además de al abogado Salvador Trintxet. Veinte días más tarde comparecerán ante el magistrado en la misma condición Juan Carlos Alía, entonces gerente de la Fundación Illesport de Baleares, y Gonzalo Bernal, que ocupaba el mismo cargo en el Instituto Balear de Turismo (Ibatur).
El origen del caso
Las investigaciones sobre el «caso Nóos» comenzaron al detectarse durante unos registros unos convenios suscritos por el Gobierno balear con el citado Instituto, presidido de 2004 a 2006 por Iñaki Urdangarín, y cuyo gerente era su ex socio Diego Torres. Al solicitarse el correspondiente expediente administrativo de esos acuerdos se comprobó que estaba plagado de irregularidades.
El juez considera que hay indicios de que los responsables del Instituto Nóos crearon una red de empresas para desviar los fondos públicos y privados que recibía la entidad sin ánimo de lucro.
