El Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha (CJ-CLM) despedirá a cinco de sus seis trabajadores el próximo 31 de diciembre, «debido a la economía paupérrima heredada de la anterior dirección» y a la falta de medios por la crisis. Así lo ha declarado el actual presidente de este órgano, Javier Payo, quien asumió las riendas del CJ-CLM el pasado 26 de noviembre, en el curso de una asamblea que no aprobó la gestión de la Comisión Permanente saliente, encabezada por Cristina Gómez, por considerarla «nefasta».
Los cinco empleados despedidos desarrollan su trabajo en la sede central del Consejo, en Toledo, dado que esta organización no cuenta con infraestructura en el resto de las provincias de la región desde el pasado mes de marzo, a raíz de que la Junta acordase suspender el programa «Salud Joven». Dicho programa reportaba al Consejo de la Juventud unos ingresos anuales de 250.000 euros, detalló Payo.
Además de esta cantidad para su funcionamiento, el CJ-CLM se nutre de 190.000 euros de los Presupuestos de la Junta, de los que hasta el momento sólo ha recibido el 50 por ciento, mientras que este ejercicio, con motivo de la crisis, tampoco ha contado con los 70.000 euros que aportaba el Observatorio Regional de Consumo ni los 50.000 de la Consejería de Empleo.
Esperanza futura
Payo ha lamentado haber tenido que verse «obligado» a tomar esta decisión, ante la deuda de más de 300.000 euros que acumula el consejo con sus proveedores. Pero se ha mostrado «esperanzado» ante el hecho de que la Junta «no les haya cerrado las puertas» pues, según dijo, en las reuniones que ha mantenido esta semana con diversos cargos del Gobierno regional, entre ellos la secretaria general de Asuntos Sociales, Carmen Balfagón, le han transmitido «su deseo de contar con los jóvenes» en el desarrollo de todas sus políticas.
El Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha ha informado también de su situación a los dos grupos parlamentarios de las Cortes Regionales, a los sindicatos y a la Federación Empresarial Toledana, quien le ha ofrecido asesoramiento jurídico para afrontar el proceso de despidos.




