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El gobierno catalán puso el martes nombre y apellidos al polémico «tique moderador» y concretó que la imposición de un euro por receta, con la que prevé recaudar 102 millones de euros, será para todos sin excepción —eso sí, con un tope de 61 euros anuales—, anuncio que ha puesto en pie de guerra al sector sanitario. Enfermeras, médicos, usuarios y algunas asociaciones del ámbito sanitario consideran «inadmisible» y «discriminatoria» esta «tarifa plana» impuesta por el Ejecutivo de Artur Mas, que empezará a aplicarse el próximo año y que, segun denuncian, «supondrá un agravio para parados y enfermos crónicos». Algunos, incluso, dudan de su legalidad.
De «dudosa legalidad»
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) calificó ayer de «ilegal» la imposición de un euro por receta por parte de la Generalitat, ya que, según denuncia, «Cataluña carece de competencias sobre la política de medicamentos». A juicio de esta organización, la aportación de los usuarios no puede ser decidida por una comunidad autónoma. La FADSP considera «injusta» e «insolidaria» la medida que, según denuncia, tiene «especial repercusión» sobre «las personas más enfermas y las que disponen de menos recursos económicos».
La asesoría líder en gestión de farmacias, Asefarma, hizo también hincapié en la «dudosa legalidad» del impuesto, que considera «abusivo». Considera que «se trata de una medida implementada como tasa cuando en realidad es un copago encubierto para el que la Generalitat carece de competencias», y que «al aplicarse de forma indiscriminada creará situaciones de profunda injusticia social». También pone en duda la legalidad del impuesto el Colegio de Enfermería de Barcelona, al entender que «supone un incremento encubierto del porcentaje» del 40% que ya paga cada ciudadano, y que fija el Gobierno.
Las asociaciones de usuarios también se han rebelado contra el impuesto. La Coordinadora de Usuarios por la Sanidad (CUS) considera «inadmisible» la tasa y critica que no excluya a enfermos crónicos y no contemple discriminación por renta. El Colegio de Médicos de Barcelona tampoco aprueba que sea universal. Por el mismo motivo se han opuesto en bloque los sindicatos del sector. Médicos de Cataluña entiende que impactará en los colectivos más vulnerables, el sindicato de enfermeras Satse cree que es «meramente recaudatoria» y CC. OO. denuncia que «es injusta por que no tiene en cuenta el nivel de rentas».
