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Pretende dejar para una negociación con el Gobierno el regreso de los etarras prófugos con graves delitos y el reconocimiento de «sus» víctimas
MADRID
ETA quiere solucionar «gratis» el problema de aquellos «refugiados» que no tienen causas pendientes con la Justicia o han prescrito, así como de la mayoría de sus presos —para los que tienen condenas más largas se reserva un plazo de 5 a 10 años—. De esta forma pretende dejar para una negociación con el Gobierno la premisa «paz a cambio del regreso de prófugos reclamados por graves delitos» y el reconocimiento de «sus» víctimas.
En toda negociación, los distintos gobiernos se han guardado la baza de los presos y la han ido administrando de tal forma que cada gesto a su favor fuera correspondido por la banda con un paso hacia el desarme. Pero la organización criminal considera que su «cese definitivo» ha sido de suficiente envergadura como para que Rajoy realice a partir de ahora, no pasos, sino «zancadas», a favor de los presos. Con el «frente carcelario» prácticamente resuelto, ETA intentaría abordar en la hipotética negociaciópn sobre las «consecuencias del conflicto» el regreso de sus pistoleros prófugos y el reconocimiento de «sus» víctimas, que no lo son.
Así las cosas, las maniobras que viene realizando el «colectivo de presos políticos vascos» —la última ayer, con la petición de su reagrupamiento en el País Vasco y Navarra—, lejos de obedecer a iniciativas individuales, forman parte de la «hoja de ruta» diseñada por la banda para forzar una negociación. Además, los cabecillas otorgan un falso protagonismo a sus reclusos para frenar las deserciones que se habían incrementado en los últimos años y, también, para atraer hacia el «proceso democrático» a sectores del nacionalismo. Y en esta estrategia cuenta como aliados con el conglomerado Bildu-Amaiur, que ayer dio un nuevo impulso a la presión que quiere meter al Gobierno de Rajoy. Ofensiva a la que se han sumado el PNV, que no quiere quedarse al margen de estos movimientos, con la mirada puesta en las autonómicas, e incluso el Ejecutivo de Patxi López.
Las directrices las marcó ayer el comunicado remitido a «Gara» en el que los reclusos etarras anunciaban que cada uno de ellos solicitará en los próximos días su traslado al País Vasco. En su pronunciamiento no hay un mínimo atisbo de arrepentimiento, ni un tímido amago de pedir perdón a las víctimas y reconocer el daño causado —los cabecillas se lo prohíben, por enésima vez, en recientes documentos internos—. Antes al contrario, se delatan como peones sin capacidad de decidir, en esa «hoja de ruta» trazada por ETA, cuando afirman al unísono que la dispersión es «un ataque que no podemos permitir los agentes y fuerzas vascas partidarias de la resolución democrática». Dicho esto, emplazan a Francia y España a poner fin a la dispersión, «sin demora», porque «tienen enfrente a todo el pueblo». Y porque «la hoja de ruta de la resolución lo exige».
Falso debate
Los propios presos admiten que el «cese definitivo» no debe de ser tan incondicional, porque mantener la dispersión «supone zancadillear el proceso político...». Además, quienes no se han arrepentido por sus muchos crímenes —«Txapote», «Txikierdi», «Txeroki», «Ata», «Thierry»— reivindican su derecho a participar en la política vasca: «Para hacer nuestra aportación activa y positiva al proceso político tenemos que estar agrupados en Euskal Herria». Así, reclaman al Gobierno del PP y a París que hagan gestos a favor de ETA; a la comunidad internacional, que presione para que se den «pasos decisivos e irreversibles»; y a los ciudadanos vascos, que participen en la «movilización colosal» del 7 de enero en Bilbao. Aluden también a un debate para camuflar su sumisión a ETA.









