El presidente de la fundación cree que fallaron algunos mecanismos de control
Día 30/11/2011 - 09.18h
La investigación que está realizando la Guardia Civil sobre un presunto delito societario en la Cooperativa del Valle de Los Pedroches (Covap), en la que ha sido detenido el ex director de la entidad Miguel Ángel Díaz Yubero y están imputadas otras 18 personas, ha creado, «indudablemente, una gran alarma social porque hay 15.000 cooperativistas que estan alarmados pensando que se puede romper una institución de la que viven miles de familias en la zona norte». Así de contundente se mostró ayer el presidente de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno de la citada cooperativa, Santiago Muñoz Machado, quien indicó que este caso es «un incidente lamentable en una cooperativa señera y abanderada de la economía de la zona norte».
Muñoz Machado, que ofreció ayer una conferencia en el Colegio de Abogados de Córdoba sobre el propósito unificador del Derecho en todos los territorios impulsado por la Constitución de 1812, indicó que en este caso «hay que tener mucho cuidado» con la imagen que se transmita de Covap, «porque es una perla que no podemos perder». Y recalcó que la investigación abierta responde a «un incidente causado únicamente por dos administradores y que naturalmente tendrán sus responsabilidades y la cooperativa hará lo posible por exigirselas».
En cuanto a los hechos investigados, que se remontan a 2004 relativos a presuntos desvíos de fondos, Muñoz Machado apuntó que «algún mecanismo de control habrá fallado». Pero que se remonte a 2004 no significa que haya irregularidades desde esa fecha. «Desde 2004 hay algo frágil que no ha funcionado bien pero no se ha hecho visible hasta que no se ha producido una acumulación de las cantidades que han sido desviadas», sentenció.
La Guardia Civil informó, a través de un comunicado, de que tras una denuncia anónima se puso en marcha una investigación que apreció irregularidades en la cooperativa en la concesión de operaciones crediticias por un importe aproximado de 13 millones de euros en un proceso en el que, presuntamente, «resultaron beneficiadas varias personas jurídicas».
